(Foto referencial: USI)
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La Comisión de Presupuesto del Congreso nuevamente dejó sin aprobar el pre-dictamen del Proyecto de Ley 03121/2017-PE, que propone aprobar diversas disposiciones presupuestarias para promover la ejecución del gasto público en inversiones públicas y otras acciones por parte de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Durante la sesión, se mencionó el pago pendiente a , por lo que el ministro de Economía y Finanzas, , tuvo que volver a explicar que los recursos que se destinarán para saldar esa deuda no condicionará la ejecución de obras públicas o las acciones a favor de los damnificados por el friaje. Esto ante los reiterativos cuestionamientos de los congresistas de oposición.

"No porque paguemos la deuda no atendemos la obra pública o el friaje. Eso no es así. Este es un laudo que tenemos que pagar porque en el 2011 no se hicieron bien las cosas y el Estado debe asumir esa consecuencia, y esto nos debería llevar a una reflexión de lo que no se debe hacer", dijo el titular del .

Tal como lo señaló el pasado en la misma comisión, el laudo con Bear Creek - que sucedió el 30 noviembre del 2017- no se incluyó en la ley de presupuesto [que estaba a cargo la gestión anterior].

"El tribunal del CIADI ordenó pagar a Bear Creek 18.2 millones de dólares y 6 millones de los costos de los abogados. Sin embargo, el laudo dice también que tenemos que reconocer los intereses desde el momento en que se hizo la expropiación (2011). Estos intereses acumulan desde entonces 8 millones dólares; solo por no pagar el laudo. Cada mes se acumula una deuda de 100 mil dólares", indicó.

Asimismo, recordó que Perú ha tenido 16 casos en el que ha tenido que recurrir al , "de esos 16 el Perú ha ganado 13 casos. La gran mayoría de esos casos han sido ganados por el Estado. De los tres casos que se han perdido, en el primero el Estado se vio obligado a pagar el 49% de lo que se pedía; en el segundo se tenía que pagar solo el 3% y en el tercero, con Bear Creek, solo el 4% de lo que la empresa demandaba", detalló.

Agregó además que el Estado peruano de esos 16 casos ha cobrado 110 millones de dólares, por parte de los demandantes; y que en los tres casos que han perdido lo que se ha tenido que pagar asciende a unos 45 millones de dólares. "Entonces, en resumen: hemos ganado 110 millones de dólares y hemos perdido 45 millones de dólares, hay 55 millones de dólares a favor del Estado peruano", agregó.

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