Tras la confesión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de que recibió dinero tanto de Odebrecht como de OAS para la No Revocatoria, esta sería una evidencia que podría ser usada por el Estado peruano para demandar a las concesionarias de la Línea Amarilla y Rutas de Lima ante el CIADI, explicó el abogado en Gestión Pública y Municipal, Giovanni Rocío.
"El CIADI suscribió un convenio el año 1986 que lo obliga a pronunciarse previamente si hubo objeto de corrupción (en una obra pública); así no exista claúsula anticorrupción. Podríamos ganar. Nos dicen que tenemos que pagar millones de soles, pero el CIADI sólo nos ha obligado a pagar US$ 43 millones en 17 procesos", comentó a Exitosa radio.
En ese sentido, consideró que el Estado peruano debería proponer una demanda. "Ademas de la evidencia de actos de corrupción, existen evidencia de obras inconclusas como los 46 kilómetros de la avenido Victor Malasquez en Pachacamac, que debió entregarse el 2017 por parte de Rutas de Lima. Odebrecht no ha dejado de ser dueños de Rutas de Lima", aseguró.
