:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/6H7MSY7ZY5B35O37TTDAGDW4KA.jpg)
El gobierno peruano decidió no modificar la cláusula anticorrupción contemplada en el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Este pedido era clave para cerrar la adquisición de acciones y el financiamiento del proyecto que significa US$ 7,500 millones.
La solicitud había sido hecha por el nuevo consorcio Sempra-Techint que comprará el 55% de las acciones de la empresa brasileña Odebrecht en el consorcio, según revelaron fuentes del sector bancario a Gestión.pe.
¿Qué dice la cláusula? En el numeral 5.1.6 del contrato de concesión, el concesionario declara que ni él ni "ninguno de los accionistas, socios o Empresas Vinculadas, ni cualquiera de sus respectivos directores funcionarios, empleados, asesores, representantes legales o agentes, ha pagado, recibido, ofrecido, ni intentado pagar, recibir u ofrecer ningún pago o comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato o el concurso".
Asimismo, a través de la cláusula 20.1, literal c.6 del contrato, que señala que el concedente, o sea el Estado Peruano, queda facultado a declarar la resolución del contrato de la concesión por "la falsedad de cualquiera de las declaraciones y garantías efectuadas por el concesionario o por el operador calificado, según corresponda, conforme a lo establecido en el contrato, en el concurso, o durante la ejecución del contrato".
¿Qué se solicitaba al Estado peruano? El consorcio conformado por Sempra-Techint había pedido que la cláusula en mención fuera modificada, solicitud que también compartían los bancos, ya que de descubrirse que la empresa Odebrecht había violado la cláusula, entonces el gobierno peruano podía anular el contrato. Y ese es el riesgo que no quieren correr ni el nuevo consorcio ni los bancos que van a financiar el proyecto.
El gobierno peruano en la respuesta dada al nuevo consorcio, según fuentes bancarias, no aceptó modificar la cláusula anticorrupción. Porque tal como señaló Gestión.pe en su edición impresa del 3 de noviembre no podía comprometerse dado que el Congreso peruano está realizando una investigación del proyecto y el Poder Judicial también.
Además, está por revelarse en el transcurso de este mes el acuerdo de delación entre Marcelo Odebrecht y la justicia brasileña, en la cual el empresario carioca dará a conocer los pagos que habría realizado en diversas obras de su empresa a funcionarios públicos, que podría incluir el caso peruano.
Es más, tal como Gestión.pe reveló en primicia el martes 15 de noviembre en dicho acuerdo también está participando Jorge Barata, alto ejecutivo de Odebrecht en el Perú.
Ahora la pelota queda en manos del consorcio Sempra-Techint y de los bancos. Es decir, si aceptan asumir el proyecto con el riesgo que implica la cláusula anticorrupción o desisten de seguir adelante.
Hasta el momento, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) está negociando la adenda de bancabilidad para el cierre financiero que entre otros puntos, justamente, contemplaba la solicitud para que se modifique la cláusula anticorrupción.