Facebook
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le da mucha relevancia al hecho de que acordó entregar información que identifica a los usuarios que formulan discursos de odio.

En un nivel es significativo. Representa un paso simbólico en la regulación de contenidos en línea. No obstante, en la práctica parece ser muy insustancial.

El ministro de Asuntos Digitales de Francia, Cédric O, informó a Reuters el martes que Facebook entregará "las direcciones IP y otros datos de identificación" de usuarios que publiquen discursos de odio a los jueces que lo exijan formalmente. Señaló que es una "gran noticia" y algo único para el país.

Es una medida bienvenida, sin duda. Los usuarios serán más responsables de lo que publican ahora que las consecuencias legales son mucho más reales y le da al gobierno cierta autoridad (aunque de manera indirecta) sobre los contenidos en la web.

Sin embargo, es muy poco lo que cambia para la red social. No afecta la manera en que Facebook regula sus plataformas: no se verá obligada a vigilar contenidos de forma más rigurosa ni tampoco entregará información por iniciativa propia sobre presuntos discursos de odio a las autoridades. Para conseguir cualquier dato, las autoridades francesas deberán hacer una solicitud, según lo que O indicó a Reuters.

Eso llega al corazón de un problema que la misma cartera digital francesa identificó en su informe de mayo sobre las responsabilidades de las : la asimetría entre autoridades públicas y redes sociales en lo que respecta a comprender el alcance e impacto de las plataformas.

Al igual que los individuos, las autoridades solo pueden observar una ínfima parte del contenido disponible en una red social. Solo la compañía tiene la capacidad de evaluar su efecto a nivel nacional o global.

No abogo por la fiscalización directa gubernamental de todos los contenidos de Facebook. Eso tendría consecuencias severas en términos de libre expresión, pero es esencial que medidas como la de Francia no acaben con las conversaciones sobre la necesidad de que haya mayor regulación: que se asigne más responsabilidad a las redes sociales no solo para que frenen la difusión de contenidos ilegales, sino también para garantizar que haya consecuencias a nivel judicial.

Mi colega de Bloomberg Opinion Shira Ovide escribió esta semana sobre los límites de la manera en que Facebook vigila contenidos.

Las medidas francesas inevitablemente generarán inquietud sobre esfuerzos similares de regímenes autoritarios. Es instructivo que Facebook no adopte un enfoque igual para todos.

Esto es solo en Francia y se deben aplicar soluciones distintas en regiones diferentes. Facebook no respondió a mi solicitud de más detalles sobre la medida.De manera crucial, se necesitan acuerdos multilaterales a nivel supranacional para gobernar estos procesos.

Después de todo, Facebook decidió entregar estos datos a las autoridades voluntariamente, no se le obligó a hacerlo. Es importante que la concesión no corte las alas a una regulación más amplia.

Es un paso en la dirección correcta, pero aún falta mucho.

Por Alex Webb

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.

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