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El Grupo México, al que pertenece Southern Copper, no solo enfrenta problemas en el Perú por el proyecto de Tía María. A través de uno de sus socios en España, está involucrado en un caso de corrupción por una adjudicación minera.
Esta vez, un juzgado de Sevilla suspendió la adjudicación de Grupo México, junto con su socia española Minorbis, para explotar y operar la mina de Aznalcóllar pues su propuesta no cumplía con las "exigencias mínimas" ni siquiera para superar la primera fase del concurso.
La empresa Emérita Resources España SLU, que aspiraba a hacerse con la explotación, acusó en marzo de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias a los responsables de la Mesa de Contratación, alegando que Minorbis es en realidad una filial de Magtel y carecería de presupuesto para haber obtenido la adjudicación.
De acuerdo con un informe del medio Diario.es, la adjudicación fue otorgada con un mes de anticipación y el proceso no fue nada transparente.
La justicia española cuestiona principalmente la relación entre la española Minorbis y el Grupo México, a la que calificó de "cuanto menos cuestionable y llamativa". Más que una declaración conjunta para formar un grupo que opere la adjudicación, su asociación "no parece exceder de una declaración de buenas intenciones". Además, "no detallan el compromiso inversor de las partes asociadas".
Tambien se cuestiona que Minorbis y el Grupo México no haya presentado una propuesta de seguro de indemnización por riesgos profesionales, que, según las bases, debía considerar un importe mínimo de 1.5 millones de euros.
La jueza aprecia también el incumplimiento de presentar las cuentas anuales o declaración del volumen global de negocios, además de incongruencias en la "valoración del proyecto de explotación" en cuanto a evacuación de residuos, preservación de espacios protegidos y valoraciones comparativas.
Asimismo, se observan irregularidades en los documentos que deberían acreditar el capital social suscrito, la experiencia de trabajos similares, la idoneidad de su equipo y de sus maquinarias, entre otros aspectos técnicos.
Esta adjudicación para la reactivación del complejo minero Aznalcóllar es especialmente sensible pues, en 1998, se registró un desastre ecológico en la zona.