Gasoducto Sur Peruano
Gasoducto Sur Peruano

inició un arbitraje contra Perú por los US$ 500 millones que invirtió en Gasoducto del Sur de Perú (GPS) y que aún no ha recuperado, de acuerdo a un reporte del diario español El Confidencial.

El transportista del sistema gasista español agotó los plazos que se había dado y elevó un proceso contra el Gobierno peruano en el Ciadi, corte arbitral del Banco Mundial, según señalan fuentes implicadas en el proceso al diario español.

En efecto, a través de un comunicado la firma confirmó que hoy presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) "una solicitud de inicio de arbitraje contra el Estado Peruano en relación a la controversia relativa a su inversión en GSP".

Agregó que en el transcurso de los seis meses de trato directo, previos al arbitraje, no fue  posible llegar "a un arreglo amistoso" sobre la controversia existente, lo que motivo la decisión de iniciar el arbitraje internacional.

Pese a esta situación, "sigue confiando en alcanzar un acuerdo que ponga término al procedimiento arbitral que hoy se inicia y para ello se pone a disposición del Estado peruano para iniciar los contactos necesarios encaminados a alcanzar un arreglo amistoso".

La compañía presidida por , cuyo principal accionista es el Estado español a través de la SEPI, solicitó en diciembre "el inicio de un procedimiento de trato directo previo a un arbitraje internacional con el objeto de alcanzar un acuerdo amistoso en relación a la controversia existente sobre la inversión realizada por la Sociedad en el proyecto del Gasoducto del Sur Peruano, S.A", según explicó a la CNMV.

Sin embargo, al no resolverse el problema en este periodo, dará el siguiente paso que tenía previsto, y que pasaba por poner el caso en manos de un tribunal arbitral internacional para que resuelva la controversia, refiere el reporte.

Pese a que la ha asegurado durante todo este tiempo que la predisposición del Gobierno peruano era positiva, los continuos problemas internos del ejecutivo  están demorando los plazos. Enagás inició la resolución amistosa con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, este dimitió el 23 de marzo de 2018, tras hacerse públicos una serie de vídeos donde se ve implicado presuntamente en un soborno. 

Para resolver este problema, Enagás se reforzó y contrató los servicios de Deloitte, Linklaters, FTI Consulting y Grau.

Como se recuerda, vio truncada su aventura en el Gasoducto del Sur cuando se destapó el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los socios del proyecto en el que participa el operador del sistema gasista español.

Tras descubrirse las actividades ilícitas de la compañía, GSP no fue capaz de lograr el cierre financiero para desarrollar el proyecto y Enagás quedó pillada tras invertir cerca de US$ 500 millones que aún no ha provisionado por recomendación de sus auditores, que siguen considerando que se recuperará el dinero.

Pese a todo, está a la espera de recuperar esta inversión cuando se vuelva a licitar el proyecto. No obstante, la parálisis política está alargando los plazos y la compañía no quiere esperar más ni tener que pagar los platos rotos de Odebrecht.

abonó para este proyecto empresarial US$ 213 millones en concepto de garantías financieras como accionista del proyecto más otros US$ 275.3 millones aportados en concepto de capital social.