Fernando Niño.

En un contexto en el que el sector empresarial se ha visto desprestigiado por las revelaciones en torno al caso , es necesario que se tomen medidas de cara al futuro.

Así, Fernando Niño, consultor internacional de prevención de riesgos asociados a , y financiación de terrorismo brinda un panorama sobre en qué márgenes deben actuar las empresas hoy en día. Niño participó del VI Simposio CONCAR.

Además, señala que una de las más grandes falencias para combatir la es lo complicado que es en Perú solicitar el secreto bancario para los investigados por parte de las autoridades.

¿Qué pueden hacer las empresas para evitar riesgos?
Las empresas tienen ya mecanismos de cómo prevenir y anticiparse para este tipo de situaciones, que les van a afectar a nivel reputacional o generan muerte civil: tienen que hacer una debida diligencia de conocimiento. Tienen que investigar quienes son esos futuros posibles socios con quienes desarrollarán un proyecto. Si las empresas de cualquier país hubieran hecho una debida diligencia de conocimiento de quiénes eran accionistas, dueños o socios, si hubieran consultado las listas restrictivas que hoy son de obligatorio cumplimiento para establecer vínculos comerciales, no hubieran encontrado problemas con Odebrecht. En el momento que estallan los escándalos de corrupción, hubieran tenido cómo demostrar que, con anterioridad, habían elaborado unos mecanismos preventivos y hubieran tenido cómo protegerse.

En Perú, en el DL 1352, que entró en vigencia en enero del 2018, refiere, en el artículo 17, “eximente de responsabilidad”. Ahí se habla de cómo las organizaciones deben tener un programa de prevención en torno a la corrupción, lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Tienen que identificar a qué riesgos están expuestos. Estos factores son los potenciales socios, los clientes, proveedores y personal. Cuando están identificados, tenemos la posibilidad de gestionar los riesgos y establecer controles para minimizar el riesgo.

¿Qué dispositivos pueden adoptar las empresas?
Primero, toda organización debe tener una persona encargada del cumplimiento de la norma, un oficial de cumplimiento. Está encargado de que se cumpla el proceso de debida diligencia de conocimiento de los clientes, proveedores y empleados que vamos a tener. Ubicar cuáles son la Cámara de Comercio o registro público, quienes son los socios, sus revisores fiscales, sus estados financieros, su declaración de renta, RUC. Una serie de documentos que certifiquen que la empresa con la que tendremos un vínculo es realmente legal. Adicionalmente, en los proveedores, debemos buscar referencias bancarias ya que el sector financiero hace una diligencia importante. Lo mismo con los funcionarios o empleados que trabajarán en las empresas. Debemos saber dónde viven, si sus estudios son ciertos. Ha habido casos en los que altos ejecutivos que decían tener doctorados o maestrías no tenían en realidad títulos universitarios o experiencia.

Por otro lado, debe haber una capacitación a todos los funcionarios: deben tener en claro que, dentro de la empresa, existe un sistema de prevención de estos riesgos. Ese es el primer mecanismo de prevención.

¿Qué problemas ha identificado en el Perú?
Hay temas como el secreto bancario que no han querido levantar. Eso, en Colombia, fue superado desde un principio. Es un mecanismo valioso para agilizar los temas de inteligencia financiera. Así se obtiene documentación para establecer si ha habido incremento patrimonial y para rastrear el dinero. Además, sirve para trabajar en materia de cooperación internacional que es una forma de combatir estos delitos. Las empresas deben de tener en cuenta que la reputación se pierde en 30 segundos cuando se ha construido durante 30 años.

¿Cómo es el levantamiento del secreto bancario en Colombia?
En Colombia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (entidad equivalente a la en Perú), cuando estamos haciendo informes o exploraciones sobre reportes sospechosos, le solicitamos de manera inmediata a los bancos que nos hagan llegar los y movimientos financieros de personas naturales o jurídicas, desde el 2005 hasta la fecha, y antes de 48 horas debe estar eso en la UIAF. Ese material sirve para hacer análisis. En Perú es una gran falencia y, si ese cuello de botella se resolviera, tendrían algo más sólido para prevenir y combatir estos delitos y tener una mejor percepción a nivel global.

¿Pasa por un tema de leyes?
Podemos tener leyes por toneladas pero lo importante es la eficiencia de la aplicación de esas normas. El Grupo de Acción Financiera Internacional va a venir a evaluar, por ejemplo, cuántas personas están privadas por cometer el delito de lavado de activos o financiamiento de terrorismo. Si tenemos leyes pero no resultados, va a ser muy difícil tener una buena calificación. Tenemos fe de que en Colombia van a hacer una buena evaluación.

En la experiencia colombiana, la institucionalidad es muy importante. Tenemos entre 15 y 17 entidades de inspección y control; es decir, superintendencias. Está la superintendencia de industria y comercio, de vigilancia y seguridad privada, de puertos y transportes, de economía solidaria para el sector cooperativo, la colombiana, entre otros. Todas estas entidades han emitido normas que obligan a sus vigilados a implementar el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. La superintendencia de Sociedad, hace dos años, emitió una norma donde obliga a las empresas, que tienen vínculos comerciales con gobiernos extranjeros, a tener un programa de ética y transparencia. Esto significa tener un programa de prevención de la corrupción.