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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que, vencido el plazo hoy, dos empresas extranjeras han presentado su interés para ejecutar la iniciativa privada "Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones" (bloqueo de celulares).
De acuerdo a la norma, los documentos presentados por las dos empresas interesadas serán evaluados próximamente por el Comité en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos Sociales, Minería, Saneamiento, Irrigación y Asuntos Agrarios (Pro Desarrollo) de ProInversión, que calificará si están aptas.
De ser así, ProInversión convocará un concurso donde las dos empresas competirán con la compañía que presentó la iniciativa privada, lo que conllevará a una competencia en términos de la mejor propuesta económica en beneficio del Estado.
La buena pro de este proyecto se otorgaría aproximadamente en junio del presente año.
El proyecto tiene como objeto incrementar la seguridad ciudadana, mediante la implementación de un sistema que bloqueará las comunicaciones de telefonía móvil e internet realizadas de manera indebida por los internos, en 33 de los principales establecimientos penitenciarios del país.
Dichos penales agrupan a aproximadamente a 61,000 internos, más del 90% de la población penitenciaria a nivel nacional, lo que contribuirá a disminuir la incidencia delictiva desde el interior de los penales.
Al mismo tiempo, el proyecto contempla la prestación del servicio de telefonía pública en dichos establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las comunicaciones que realicen los internos.
Así, por ejemplo, quien reciba una llamada desde el interior de un penal, será alertado gracias a un mensaje de voz previo, con lo cual tendrá la posibilidad de elegir entre aceptar o no dicha llamada.
El contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 25 años. En este plazo el adjudicatario deberá implementar los cambios tecnológicos necesarios para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado, procurando de no interferir con las comunicaciones fuera de los establecimientos penitenciarios.
Este proyecto que impulsa ProInversión, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), requerirá una inversión aproximada de US$ 4.1 millones (sin IGV), a ser ejecutada en un periodo de dos años.