La contracción económica y el aumento del desempleo ocasionado por el COVID-19 generaría, en el corto plazo, un incremento de la inseguridad ciudadana, consideró la consultora especializada Control Risks.
“Cuando hay deterioro económico, los niveles de criminalidad suelen resurgir. Obviamente esto no quiere decir que todo el que pierde su trabajo o está en una situación más difícil se convierte en criminal, pero puede registrase este incremento”, comenta Raúl Gallegos, director de Control Risks.
Según Oxford Economics, la organización socia de Control Risks para investigación económica, el PBI peruano caería un 12.5% el 2020.
Riesgos
En cuanto a riesgos de seguridad, Control Risks se enfoca en dos componentes: la violencia por protestas políticas y sociales, que, proyecta Gallegos, se incrementará a medida que se acerquen las elecciones generales, y, de otro lado, los niveles de criminalidad común.
Según el INEI, el 25.6% de la población urbana a nivel nacional declaró ser víctima de algún hecho delictivo entre enero y junio del 2020. “A nuestro juicio, en los próximos meses la cantidad de delitos como robos comunes se incrementará”, considera Gallegos.
De otro lado, Control Risks advierte que, según información preliminar, en el segundo trimestre del 2020 también se advierte un incremento de delitos agravados contra el patrimonio, como robo de autos o viviendas.
A la vez, Gallegos comenta que aunque, con menor recurrencia, también se observa un aumento del crimen organizado y acciones de bandas que, por ejemplo, atacan establecimientos comerciales.
En julio del 2020, Control Risks asignó al Perú un riesgo de seguridad medio. En cuanto a subindicadores, de igual manera, para crímenes y secuestros atribuyó un riesgo medio; para guerra y terrorismo, bajo; mientras que la categoría de agitación civil tuvo una calificación de riesgo elevado.
Corrupción
Control Risks advierte que observa un riesgo de corrupción persistente en contrataciones con el Estado en áreas relacionadas con la provisión de bienes y servicios en el contexto de la emergencia por el COVID-19.
“Ha surgido una serie de empresas que se han beneficiado, o han tratado de entrar en el negocio de proveer estos servicios al Estado, y no sabemos cuál ha sido su trayectoria. Incluso algunas han surgido de la nada”, comenta Gallegos.
Señala que esto no ocurre con las grandes empresas, que tienen medidas de cumplimiento más estrictas, sino, principalmente, con organizaciones más pequeñas.