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El pidió al Primer Juzgado del Sistema Anticorrupción el impedimento de salida del país de 12 empresarios implicados en el caso conocido como el “Club de la Construcción”.

Específicamente de los empresarios Rafael Granados Cueto, Jesús Martin Elías Casaparra, Franco Martin Burga Hurtado, Óscar Javier Rozas Villanueva, Víctor Ricardo de la Flor Chávez, Ruperto Flores Mancera, José Augusto Heitz Souza y el hijo de este, José Augusto Heitz Quiñonez.

Así como para Jaime Eduardo Sánchez Bernal, Nicolay Castillo Gutzalenko, Norma Graciela Zeppilli del Mar y para Marco Antonio Aranda Toledo, quien se presentó a la audiencia celebrada hoy.

La jueza María de los Ángeles Álvarez, del Primer Juzgado Nacional del Sistema Anticorrupción, reprogramó la diligencia para el próximo 28 de febrero a las 9 de la mañana.

Debido que la representante del incorporó nuevos elementos vinculadas a las diligencias de deslacrado de los bienes incautados a los investigados.

Los abogados de los doce empresarios y exfuncionarios, cuyo impedimento de salida del país se iba a decidir hoy, impugnaron la incorporación de los nuevos elementos, pero obstante la jueza lo desestimó.

Ante ello, dispuso correr traslado de lo presentado por la fiscalía a cada uno de los abogados y posponer la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país.

Un colaborador eficaz, como se recuerda, confesó ante la fiscalía la existencia de un grupo de empresas que se repartían las obras desde el 2011 al 2014, licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por Provías Nacional.

Entre las empresas señaladas por la fiscalía como integrantes del “Club de la Construcción” figuran Obrainsa, Constructora Málaga Hermanos, Constructora Upacá, Altesa, T&T, JC Montes, Energoprojekt Niskogradnja S.A., Superconcreto del Perú, Aramayo Constructores, Elvi SAC, JACSAC, Constructores y Mineros Contratistas (CYM), Obrascón Huarte Lain (OHL), Conalvías Construcciones, entre otras.