(Foto: USI)
(Foto: USI)

Uno de los principales problemas que afronta la educación privada -especialmente la dirigida a la enseñanza de inicial, primaria y secundaria- es el alto grado de informalidad, que implica a establecimientos que operan sin autorización emitida por la municipalidad correspondiente y por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

Ante ello desde el Estado se trabaja el proyecto de reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, que busca atacar la informalidad para evitar que los niños, niñas y adolescentes vean perjudicados su formación académica, que estará plenamente operativa desde el 2019. 

Katherine Alva Tello , directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, explicó a Gestión.pe que en caso de detectarse un centro educativo particular sin ninguna autorización y sin una infraestructura adecuada, lo que se activa es un procedimiento ad hoc para el inicio del proceso de cierre (clausura) correspondiente y el traslado de los estudiantes a otros colegios.

"En caso de informalidad completa los estudiantes serán trasladados ya sea a colegios públicos o privados. Muchos creemos que en la instituciones privadas van a  a dar un mejor servicio educativo, pero en la mayoría de los casos eso no sucede ya que son colegios bastantes improvisados y hay colegio públicos con un mejor propuesta pero se estigmatiza", agregó

En esa línea, explicó que -de acuerdo a la propuesta de reglamento- la clausura de un centro educativo se dará cuando se verifique que la infraestructura no cumple con los estándares de calidad establecidos, poniendo en peligro la integridad física de la comunidad educativa..

"El cierre se ejecuta al termino del periodo lectivo a fin de garantizar la culminación del mismo y la emisión de las nóminas de matrículas, actas de evaluación y entrega de certificados para asegurar el traslado de matrícula de los estudiantes a otra institución educativa", añadió.

Agregó que a la par, la Dirección Regional de Educación comunicará a los padres de familia de la imposición de la sanción de clausura y brinda la información de la oferta educativa más próxima al colegio sancionado para la oportuna reubicación de los estudiantes.   

"Lo que nos va a permitir este reglamento es contar un sustento legal firme para poder sancionar, multar y procedimientos para el ciudadano", apuntó  

Fiscalización

La funcionaria detalló, asimismo, que tras un primer proceso de fiscalización en los distrito de San Martín de Porres y San Juan de Miraflores en la que se detectaron que 29 de estos colegios no contaban con autorización para prestar el servicio educativo, se alista un segundo proceso de fiscalización.

"Se va desplegar en 30 días aproximadamente junto con Indecopi y otros aliados dado que no sabemos en dónde se encuentran los colegios informales. Este segundo proceso de fiscalización se realizará en al menos cuatro distritos", dijo.