“Estamos buscando la fórmula para destrabar la tercera etapa de ”, afirmó hace dos meses el jefe de Estado, Martín Vizcarra, durante la visita oficial que hizo a La Libertad para inspeccionar las obras detenidas en la presa Palo Redondo.

En la última CADE, el mandatario volvió a reiterar su compromiso de sacar adelante el proyecto.

Sin embargo, a tres semanas para terminar el año, este propósito no será cumplido, debido a la ausencia de un acuerdo entre la autoridad regional y el concesionario –liderada por la constructora Odebrecht y que también participa Graña y Montero– para terminar la presa Palo Redondo.

Lo único vigente es el arbitraje iniciado por la concesionaria contra el Estado peruano ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional cuyo resultado final se sabrá en dieciocho meses, aproximadamente.

, gobernador regional de La Libertad, señaló que producto del análisis técnico, económico y político en la mesa técnica que promovió su gestión, con el objetivo de reiniciar las obras, y en la que participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría, ProInversión así como del propio gobierno regional –entre otros actores– se llegó a la conclusión de aceptar la propuesta de la brasilera.

Como se recuerda la constructora planteó concluir la presa Palo Redondo, la misma que conllevaría al desistimiento del arbitraje iniciado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y su salida del proyecto.

“Habiendo hecho todos los esfuerzos técnicos, políticos y económicos les planteamos la decisión (de aceptar su propuesta) al concesionario con el objeto de buscar un entendimiento, pese a ello no hemos conseguido una posición positiva de parte de la empresa”, afirmó a Gestión.pe.

Ello –indicó la autoridad– ante el pedido de la empresa de la aplicación de la fórmula polinómica de la inflación. “Con el objetivo de que se les reconozca cerca de S/ 30 millones, lo que significa un perjuicio para el Estado y que a decir de ProInversion y otros organismos especializados no es correcto y tampoco materializable”, afirmó.

Esta situación generó la suspensión temporal de las negociaciones con lo cual la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic continuará paralizada. En este estado se encuentra, como se recuerda, desde hace dos años. “La obra continuará estancada hasta que se encuentre una solución”, indicó.

Ajuste por inflación

Fuentes cercanas a la operación explicaron a este diario que la cláusula de ajuste por inflación está añadido al contrato original, por lo que no es una exigencia ni tampoco un pedido especial de la concesionaria, por el contrario, es lo que establece el documento marco de la concesión.

“El contrato tiene un mecanismo de indexación de precios por inflación. Simplemente han pasado dos años de paralización y los precios de los insumos han subido, al igual que de la mano de obra, del acero, del combustible, entre otros, entonces el presupuesto original –que estaba a precios del 2014– tiene que actualizarse por inflación, de acuerdo al propio contrato”, afirmaron.

Ante lo cual, no se podría terminar la presa Palo Redondo con lo presupuestado hace cuatro años, si es que no hay un ajuste de precios. Esta posición fue planteada –señalaron las fuentes consultadas por este diario– a la autoridad regional.

¿Corresponde a ese ajuste de precios los S/ 30 millones que se indican desde el gobierno regional de La Libertad? Al respecto, fuentes bancarias mencionaron que este monto no es exacto, dado que el ajuste de precios por inflación es un cálculo que se va realizando en el tiempo.

“Es complicado estimar una cifra dado que hay que analizar la inflación de los últimos cuatro años y cuánto va ser la inflación hacia adelante. Para eso es necesario saber cuándo se va iniciar la obra; cuántos meses va a tomar terminarla, qué materiales faltan. En concreto, no es un número fijo. Depende de la inflación y cómo se comporten los precios de los materiales hasta el final de la construcción. Evidentemente, no se puede ser tan irresponsable de continuar la obra con un presupuesto que no va alcanzar”, agregaron las fuentes.

Ante este panorama, el único camino a seguir –en vista que ninguna de las tres alternativas que se plantearon para destrabar la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic– llegó a buen puerto es continuar con el proceso arbitral ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

En este proceso, el Tribunal Arbitral ya ha sido constituido y está en plena funciones con un calendario procesal en marcha. Asimismo, las audiencias ya se están realizando y es posible que en dieciocho meses, se pueda tener un resultado final.

Cifras y datos

- En agosto, fuentes bancarias indicaron a este diario que si se optaba por la salida de que el concesionario termine la presa, esta se haría con el financiamiento ya pactado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 100 millones. A lo que sumaría las garantías bancarias vigentes, de acuerdo al contrato de concesión, específicamente de la carta fianza de fiel cumplimiento, por más de US$ 36 millones, que presentó la firma para llevar adelante el proyecto. - A lo que se sumaría, las cuentas por cobrar al Gobierno, por cerca de US$ 20 millones, por obras que ya se han concluido, pero que no se han podido pagar debido a que no se contaba con los terrenos. - Las otras dos propuestas que se barajaban para reiniciar las obras era la venta de la concesión, pero esta no prospero ante la ausencia de un comprador. La otra era la caducidad del contrato por mutuo acuerdo, pero tampoco llegó a buen puerto dado que las partes (tanto el Gobierno Regional de La Libertad como la concesionaria Chavimochic) no se pusieron de acuerdo en la razones de la anulación del contrato. - Las fuentes cercanas a la operación indicaron que todavía no ha habido una aproximación a la autoridad regional electa de La Libertad. Por el contrario, se está a la espera de una nueva propuesta desde la autoridad regional para destrabar la tercera etapa de Chavimochic. - Mientras que el gobernador Valdez detalló que se espera una reflexión del concesionario pueda analizar “no solamente el aspecto político en la que se encuentra sino también el económico”.