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En las últimas semanas, algunas de las solicitudes de compra de bonos de carbono o como se llamarán en Perú próximamente, Unidades de Reducción de Emisiones (URE), tuvieron que ser renegociadas. ¿El motivo? las empresas interesadas proponían pagar US$ 4 por bono. La cifra podría haber sido atractiva hace más de 10 años, cuando el mercado voluntario a penas comenzaba. Hoy el panorama ha cambiado y las apuestas suben.
“Ahora tenemos espacio para negociar el precio del bono de carbono a más de US$ 7 porque está subiendo la demanda por la responsabilidad ambiental”, dice Marco Arenas, responsable de Gestión Participativa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad a cargo de la administración de las áreas protegidas en la costa, sierra, selva y el ámbito marino, cuyos bonos de carbono valen más que aquellos créditos que se emiten de una plantación debido a su componente de biodiversidad.
A nivel internacional y en Perú, diversas empresas han recurrido a la compra de bonos de carbono para compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) -malas aportantes al cambio climático-, que no han logrado reducir o evitar. En otras palabras, un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono (CO2).
Para calcular cuántos bonos o créditos de carbono se pueden vender de un área protegida y evitar una doble contabilidad, el Sernanp se guiaba, hasta el 2020, de la tendencia de deforestación a través de los datos que publicaba anualmente el Ministerio del Ambiente (Minam) y el trabajo de campo. Es decir, se calculaba en base a cuánto CO2 se podía liberar si es que no se protegía ese espacio de bosque. La compra del bono es una retribución económica a la conservación.
Así, se determinó cuántos bonos podían poner en venta en los tres proyectos de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+), ubicados en el Parque Nacional Cordillera Azul (entre San Martín y Loreto), el Bosque de protección Alto Mayo (San Martín) y el Parque de Conservación Tambopata-Parque Nacional Bahuaja Madre de Dios.
Según datos del Sernanp, entre el 2008 y 2020, se certificaron (pusieron en venta) 6 millones de bonos de carbono en Tambopata, 30 millones de bonos en Cordillera Azul y 4 millones en el área de protección Alto Mayo. Estos se comercializaron a diversas empresas, desde una notaría hasta la empresa de lubricantes más importante a nivel internacional, también a cooperativas locales, operadores de turismo y agencias de viaje.
La lista completa la tiene el Sernanp, pero Gestión.pe pudo acceder a algunos nombres: Open Plaza Pucallpa (8,000 créditos), Ferreyros, Rímac Seguros, Notaría Paino, Shell, Scotiabank, Eneco, Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios, Procter & Gamble (un millón de créditos), Banco de América (100 mil créditos), Prima AFP, Total Energy (10 millones de créditos), entre otras.
¿Todavía hay bonos de carbono a la venta? De acuerdo a Arenas, a la fecha hay disponibles para vender 645,000 bonos de carbono entre Cordillera Azul y Alto Mayo. Aunque habría otras cuotas adicionales en evaluación.
Nuevos bonos de carbono
El Minam solo ha autorizado, hasta el momento, la venta de bonos certificados hasta el 2020. Arenas explica que en el 2021 y 2022 no se han realizado nuevas proyecciones de deforestación por lo que no han podido asignar una cuota nueva. ¿La razón? El Perú transita a una nueva metodología de proyecciones de deforestación encabezado por el ministerio del Ambiente, como líder en materia de cambio climático a nivel local.
“Lo que empezó como tres proyectos REDD+ se convertirá en una REDD nacional. Para ello, el Minam ha elaborado una plataforma que se llama el Geo Bosque, un sistema satelital que indica dónde hay deforestaciones, con imágenes que se actualizan cada semana, que ven por fuera del área protegida. Una vez que se tenga la información se empezará a asignar las cuotas de bonos a cada región o localidad cercana para salir al mercado voluntario. Hay herramientas que faltan terminar como el registro y delimitación de bosques, salvaguardas locales, el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami) que estará en consulta pública por unos días más, y determinar las jurisdicciones”, señaló.
Todo ello estaría listo para antes de diciembre próximo -dice Arenas-, por lo que en el 2023 el Perú contaría con una nueva cuota de bonos. Al ser ‘nuevos’, el precio por bono (una tonelada de CO2) podría establecerse en más de los US$8 que se pagan hoy por bonos certificados entre el 2017 y 2019. Incluso, agrega, se incrementaría la cuota de bonos pues habrían proyectos REDD en la coste, a través del bosque seco de la Reserva Nacional de Tumbes.
“Un bono de carbono viejo suele costar menos en el mercado voluntario, aunque no se entiende la razón. De los 645,000 bonos que tenemos en venta, el 30% es bono antiguo, es decir, anterior al 2012, cuyo precio puede bordear entre los US$ 3 y US$ 5 por bono. Pero de entre 2013 al 2017, llega hasta los US$ 7, y del 2018 al 2020, puede ser entre US$8 y US$ 9 (subió a US$ 12 en el 2020). Los que sean del 2021 y 2022 costarían un poco más″, dijo.
Comprar bonos en Perú
¿Cómo comprar bonos de carbono de Áreas Protegidas en Perú? Arenas explica así los pasos:
-Ponerse en contacto con las ONG aliadas a Sernanp a cargo de la búsqueda del financiamiento para la conservación del bosque como ONG CIMA, AIDER o Conservación Internacional.
-Presentar una solicitud de compra de bonos de carbono por compensación, la cual será derivada por la ONG a Sernanp, entidad que aprueba o renegocia la solicitud.
-El trámite de autorización puede durar hasta 15 días.
Dato
- Modelo de trabajo: El Gobierno, a través del Sernanp, encarga a una ONG a alcanzar las metas de un plan maestro para la conservación de áreas protegidas, a través de cinco pilares, entre ellos, la vigilancia, educación ambiental y desarrollo de oportunidades para las comunidades de influencia.
- Para financiar la conservación de a biomasa se venden los bonos de carbono. Los ingresos, según Sernanp, se destinan principalmente a la conservación de las áreas y a financiar proyectos productivos para las comunidades.