La minera entregó al Gobierno un "aviso de intención" al Gobierno para iniciar un arbitraje internacional por paralizar el proyecto Santa Ana (Puno) el 25 de junio de 2011 (firmado por el entonces presidente Alan García) y en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Perú.

Pero aún hay intención de resolver el problema por la vía del diálogo. Así lo expresó la empresa: "La presentación de la Notificación también inicia un período de consulta de seis meses entre las partes para intentar resolver amistosamente la controversia". Si no es así, se ejecutará la demanda contra el Perú en los fueros internacionales.

"La controversia surge de la promulgación por el Gobierno peruano el 25 de junio de 2011, del Decreto Supremo N° 032 rescindir los derechos de la Compañía para operar el y que se tradujo en una paralización total de las actividades de Santa Ana y los daños significativos para la Sociedad", comunicó la empresa.

El "aviso de intención" fue entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (), alegando que la paralización de Santa Ana constituye "violaciones" del TLC entre ambos países y "de la legislación peruana e internacional".

"El Aviso de Intención agregó la empresa es necesario con el fin de preservar los derechos de la compañía para iniciar el arbitraje no se debe llegar a una resolución con el gobierno peruano".

Santa AnaBear Creek recordó que el proyecto Santa Ana, ubicado en Puno, contiene reservas minerales probadas y probables que suman 63.2 millones de onzas de plata. Y recalcó que "adquirió las concesiones mineras en plena conformidad con las leyes peruanas, como lo confirma el Decreto Supremo N° 083, promulgado por el Presidente de Perú y el Consejo de Ministros el 29 de noviembre de 2007".

La minera se comprometió a completar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Integral (ESIA) que inició luego de sus exploraciones del 2008 y que hoy "se mantiene en estado de alerta", pues el Gobierno la suspendió el 1 de junio de 2011.

"La empresa ha manifestado su voluntad de completar el proceso de ESIA, incluida la demostración de la licencia social, y llevar a cabo los demás pasos necesarios para llegar a la producción comercial lo más rápido posible", anotó.

El proyecto de Santa Ana "es ampliamente apoyado por las comunidades locales que rodean el sitio propuesto para la mina" según Bear Creek y creará 2.500 puestos de trabajo directos e indirectos en la Región Puno, además de aportar una importante mejora de infraestructuras de la zona".