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La compañía Azteca Comunicaciones, concesionario de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, informó que llevará a Perú a un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) si el contrato de concesión es resuelto de forma unilateral por parte del Estado.
La concesión adjudicada en el 2014 está dividida en dos fases: La primera, relacionada al despliegue de la red, fue concluida por Azteca en el plazo establecido; mientras la segunda, vinculada a la prestación del servicio portador, se encuentra en plena ejecución.
Sin embargo, la concesionaria aseguró que a lo largo de nueve año, el Estado Peruano no ha podido cumplir con los supuestos contemplados en las proyecciones de tráfico e ingresos calculados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Entre otros aspectos, las proyecciones estaban sujetas a la instalación de la Red Nacional del Estado Peruano (REDNACE), mediante la cual las instituciones públicas accederían a servicios de telecomunicaciones.
Según Azteca, la REDNACE no se ha implementado y ninguna entidad gubernamental emplea la Red Dorsal, por lo que el Estado sigue pagando servicios a terceros operadores, a pesar de tener una red propia por la cual también paga.
“Según la Ley de Promoción de la Banda Ancha (Ley 29904), publicada en el 2012, el Estado debía implementar la REDNACE para que todas sus entidades tengan internet provisto por la Red Dorsal. Eso no ocurrió. El MTC no revela hasta ahora cómo un cambio arbitrario y unilateral de operador resolvería dicho incumplimiento, generaría tráfico en la red y atendería, a la vez, a un supuesto interés público”, indicó Enrique Ghersi, representante de Azteca, en audiencia pública convocada por el MTC.
La Red Dorsal tiene actualmente solo el 6.8% del tráfico proyectado por el Estado. En agosto del 2018, el concesionario planteó al MTC una adenda integral al contrato o una resolución por mutuo acuerdo.
“Luego de diversas conversaciones, el MTC nos sorprendió pateando el tablero. La resolución unilateral de contrato sería una expropiación indirecta, que no dejaría más opciones a Azteca que apelar a instancias nacionales e internacionales como el Ciadi”, puntualizó Ghersi.
El contrato de concesión suscrito en el 2014 por el Estado Peruano y Azteca tiene vigencia hasta el 2034 y busca impulsar la conectividad de distintas regiones del país. Su resolución implicaría un costo adicional de casi US$ 400 millones.