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El Estado de Emergencia por el Covid-19 deja al grueso del sector empresarial sin la liquidez necesaria para afrontar un conflicto legal, especialmente aquellos que puedan presentarse a consecuencia de la cuarentena: terminación anticipada de contratos, entregas fuera de plazo de bienes o servicios, pagos de arrendamiento que no pudieron cumplirse, entre otros.
Ante ese escenario, Linares Abogados, de la mano de Omaha Sociedad Gestora como inversionista, ha creado el programa Arbitraje Postpago, la primera iniciativa en el Perú que permite al empresario peruano solucionar sus controversias comerciales mediante un proceso arbitral sin tener que asumir los costos durante el proceso, sino recién luego de que este haya culminado.
A través de Arbitraje Postpago, un tercero asume todos los costos que genera un arbitraje: honorarios de los árbitros, peritos y abogados que intervendrán en el proceso, así como los establecidos por el centro de arbitraje.
Solo en el caso de obtener un laudo favorable y lograr su ejecución, Omaha recuperará el capital invertido y Linares Abogados sus honorarios de patrocinio legal. Si el resultado final fuera desfavorable, el empresario no tendrá que reembolsar absolutamente nada. “Es decir, nosotros asumiremos el riesgo de no ganar el arbitraje”, señaló a Gestión.pe Daniel Linares Aviléz, socio fundador de Linares Abogados y director del programa Arbitraje Postpago.
Explicó que actualmente, en un arbitraje tradicional, los costos se pagan durante el proceso. Y en la mayoría de los casos son asumidos por la parte demandante.
“Por ejemplo, para una demanda de un millón de soles, el pago para el centro de arbitraje es de alrededor de S/ 9,100, si se emplea un solo árbitro, o unos S/ 26,700 en caso se requieran de tres árbitros. Además, habría que sumar el costo de los peritos y abogados que podría duplicar el costo total. Y todo este costo sería cubierto con el nuevo sistema postpago”, refirió.
Agregó que en los casos de arbitrajes de menor cuantía el tiempo promedio que demora este proceso es de entre tres a cuatro meses. Y para los casos complejos el tiempo promedio es de un año.
Los principales centros de arbitraje son los de la Cámara de Comercio de Lima, AmCham y la PUCP.
Requisitos
Para poder aplicar al programa, la primera condición es que el contrato que dio origen a la disputa contenga una cláusula arbitral, mediante la cual ambas partes acordaron acudir a un árbitro, en lugar de un juez, ante una eventual controversia.
Otros requisitos importantes, que serán evaluados por el equipo experto en la materia de Linares Abogados, son: que la controversia tenga alta probabilidad de éxito, que la pretensión reclamada sea igual o mayor a S/ 700,000 hasta S/ 10 millones y que la contraparte del conflicto califique como deudor solvente.
“Se considerará que el resultado ha sido favorable una vez que la parte contraria haya cumplido con lo que disponga el laudo arbitral. Es decir, luego de que la parte perdedora ha pagado, de allí saldrá el reembolso”, anotó Linares Aviléz.