Solo 18 empresas peruanas están implementando gestiones antisoborno

El próximo año entrará en vigencia el decreto legislativo 1352, que amplía la responsabilidad de las personas jurídicas o empresas en caso de corrupción mediante soborno. Este decreto posibilita a las empresas implementar modelos de prevención, que les permitirán ser eximidas en caso se cometa un delito y de esta manera el proceso judicial no se le atribuiría directamente a la persona jurídica pero sí al funcionario que cometió el delito.

La normativa menciona que una circunstancia atenuante de la responsabilidad de la persona jurídica se podría dar cuando la empresa adopte e implemente un modelo de prevención después de la comisión del delito o la implemente antes del inicio del juicio oral del acusado.

Al respecto, Pamela Castillo, Certification Manager de SGS, compañía enfocada en inspección, verificación, análisis y certificación, manifestó que todo este nuevo marco normativo, legal y técnico, está generando mucho interés en el sector público y privado por aplicar nuevas políticas antisoborno.

La experta destacó que a la fecha existen más de 50 empresas interesadas en incorporar la normativa en su gestión, mientras que otras 18 pertenecientes al sector público y energía ya la están implementando.

Además, Castillo explicó que el decreto legislativo 1352 amplía el número de delitos e incluye el cohecho activo genérico (soborno a funcionario o servidor público que haga uso de sus funciones y brinde un beneficio que no corresponda) y el cohecho activo específico (soborno que da un funcionario público con capacidad de decisión que beneficie a un corruptor), además del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

“Los efectos del soborno en los negocios son alarmantes: incrementa los costos, disminuye la calidad y destruye la confianza de las instituciones. El país ha dado el primer paso asociándose con una norma internacional y estableciendo su propio marco nacional regulatorio local. Sin embargo, no se trata solo de promover una norma, sino de implementarla y establecer un cambio cultural“, destacó.

Modelo preventivo
En la Ley se especifican cinco puntos que deberían ser implementados por las empresas para tener un modelo de prevención de delitos: 1) Un encargado de prevención (designado por el órgano de administración más alto); 2) evaluación de riesgos de corrupción; 3) procedimiento de denuncia mediante un canal de comunicación; 4) capacitación a todos los colaboradores de la compañía; y 5) monitoreo continuo.