Empresas cuestionan la legalidad del acuerdo del Gobierno con transportistas

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), que agrupa a empresas concesionarias de diversos bienes y servicios de uso público, exhortó al ministro de Economía, Carlos Oliva, a corregir los acuerdos a los que arribó el Gobierno
- y que fueron de conocimiento de su sector-, con transportistas de carga en camiones para lograr que desistieran de la huelga que acataban.

AFIN considera que algunos de los acuerdos del Gobierno con el gremio de transportistas son ilegales, y en general que son lesivos al clima de inversiones y la seguridad jurídica en el país.

Se referían a los acuerdos a los que arribaron a fines de febrero último autoridades de los ministerios de Transportes, Economía y Finanzas (MEF),

Petroperú, entre otros, con dueños de camiones, agrupados en el Gremio de Transportes y Logística (GTL) para poner fin a la huelga de camioneros que habían iniciado días atrás. Tales compromisos comprendieron la reducción del precio del diésel de uso vehicular, la revisión de los contratos de las concesiones viales con miras a reducir o suspender el cobro de peajes (ver segunda nota en esta página), entre otros.

En una misiva remitida al titular del MEF, le indican que están preocupados por las negociaciones efectuadas para el levantamiento de la paralización de los transportistas, y en particular por la reducción del precio del diésel.

Ilegal

Consideran que, como resultado de dicha negociación, se ha ordenado, indebidamente a Petroperú, reducir el precio del diésel en S/ 0.59 por galón, lo que supone un impacto directo en el margen de la empresa en US$ 7.00 por barril.

“Este acuerdo (para bajar el precio del citado combustible) es ilegal, porque ha vulnerado la seguridad jurídica, es decir la Constitución y lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (que promueve el desarrollo de actividades de hidrocarburos sobre la base de la libre competencia), sin ningún criterio técnico, tan solo como una solución política, eliminándose el actual margen del producto”, indica AFIN.

Injerencia política

Añade que ello se hizo “en una clara injerencia política y un uso político de Petroperú en el mercado de hidrocarburos”.Añaden que también están preocupados por la afectación de los peajes, o por la decisión del MTC de suspender la implementación de los GPS en vehículos de carga.

“La seguridad de todos los ciudadanos y la lucha contra la informalidad no puede ceder a presiones de grupo, que además incumplen las leyes vigentes, bloqueando vías e impidiendo el libre tránsito impunemente”, invoca la presidenta de AFIN.

Por estas razones, solicita la corrección inmediata de esos acuerdos, “por ser lesivos a la seguridad jurídica y al clima de inversiones”.