ROCÍO BARJA MARQUINArbarja@diariogestion.com.pe

Preocupante. Es así como podría definirse el estado actual de las impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Según el viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, a la fecha casi la totalidad de las sanciones emitidas por esta entidad se encuentran sin cobrar.

"Ello debido a que en el Perú, una empresa multada tiene la posibilidad de agotar la vía administrativa y apelar luego al Poder Judicial y, mientras tanto, la multa no se puede cobrar", explicó.

Precisó que esta realidad es totalmente diferente a la que sucede en otros países, como Canadá, donde cualquier promotor de un proyecto de inversión tiene que depositar un fondo de garantía, el cual se ejecuta automáticamente cuando hay un problema o sanción.

"En los casos en que se demuestra que la empresa ha sido injustamente sancionada, el Estado le devuelve su dinero", dijo.

Solución en caminoQuijandría indicó que debido a que en el país existen muchas trabas para cobrar las multas ambientales, el Minam se encuentra trabajando en una propuesta multisectorial que apunta a mejorar el sistema de cobranza de dichas sanciones.

"Según nuestros cálculos, hacia finales de año ya tendremos listo un proyecto de ley que enviaremos al congreso para atender esta problemática", anotó.

El funcionario adelantó que la discusión sobre el tema es tan profunda que incluso llega a analizar el funcionamiento y alcance del procedimiento administrativo y judicial.

Últimas estadísticasDe acuerdo con el Informe País 2012, presentado por Perú en VI Foro Mundial del Agua, durante el año pasado la OEFA impuso sanciones por más de S/.42.5 millones al sector minero por incumplimientos de la legislación ambiental.

Según el portal de la OEFA, en el 2010 estas sanciones fueron por S/.3.6 millones; mientras que entre enero y febrero del 2012 por S/.7.2 millones.

Haciendo un cálculo grueso, las multas impuestas desde noviembre del 2010 a febrero de este año superarían los S/.50 millones.

Volviendo al informe, en el 2011 las regiones más sancionadas fueron Junín, Huancavelica, Áncash, Lima, Pasco, Ica y Arequipa.