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La (AFIN) expresó su preocupación por la inseguridad jurídica que se estaría generando en el contrato de concesión de la Carretera Central, al impedirse el funcionamiento de una garita de peaje en la zona de Ticlio.

La misma, que de acuerdo al gremio, estaba previsto en el contrato firmado entre el concesionario y el Estado Peruano.

“Esta medida arbitraria e ilegal impedirá la recuperación de la inversión realizada, sentando un pésimo precedente por el incumplimiento de obligaciones del Estado en un contrato de concesión”, indicó .

Recordó que se invirtió US$ 127 millones, de los cuales 62% fue financiado por la banca privada y 38% por aportes del concesionario (Deviandes).

Ante lo cual, indicó que pese a que los opositores en contra de la instalación del peaje, aducen que no se ha hecho ninguna inversión, las obras comprometidas según contrato, se han ejecutado según lo presupuestado y la recepción de dichas obras con la conformidad de y del .

"Se señala también que no se ha anchado la vía o que no se ha agregado más elementos de seguridad y que la misma está congestionada. Se olvida que es el Estado, a través de la evaluación y concurso del proyecto de inversión respectivo, quien definió detalladamente las obras a desplegar en los tramos concesionados de la Carretera Central; plasmándolo en el contrato de concesión respectivo", apuntó

Respecto a la congestión en la vía, para el, este problema no es un tema de gestión o manejo de la empresa concesionaria, por el contrario consideró que es causada por los vehículos de carga que la saturan y se oponen precisamente al cobro de este peaje, previsto en el Contrato de concesión.

Por lo que, remarcó que corresponde aplicar el mecanismo de compensación respectivo, sin deteriorar más el contrato de concesión suscrito, evitando decisiones tomadas bajo presión y amenazas, que ocasionan pérdida de valor en esta concesión y perjudican al sistema de concesiones viales en el país en general por el pésimo precedente. 

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