Eliminación de CAS ocasionará un gasto adicional de S/ 3,637 millones en plena pandemia, según Servir

Ante la aprobación del Congreso, por insistencia, del pase progresivo de los servidores del régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a los regímenes de los Decretos Legislativos 728 y 276, Servir indicó que la medida tendrá impacto.

Uno de ellos, es que tendrá un impacto negativo en las finanzas de las entidades públicas dado que se tendrá que desembolsar un 25% más de recursos no presupuestados, es decir S/.3 637 millones anuales, lo que repercute en la prestación de los servicios públicos.

La medida se adoptada en plena pandemia con la falta de recursos y en medio de un proceso de recuperación económica.

“La reforma del Servicio Civil, que es una política de Estado y no de gobierno, requiere ser fortalecida y no debilitada, pues brinda un tránsito a un régimen más ordenado, fiscalmente responsable y planificado, con estabilidad, concursos públicos, meritocracia y mejores condiciones laborales”, expresan en un comunicado.

Adicionalmente, la reforma permite una carrera pública, con capacitación y evaluaciones periódicas, alineada a los objetivos nacionales.

“Todos estos beneficios no los ofrecen los regímenes de los Decretos Legislativos 728 y 276″, indican.

Servir también indica que la medida es inconstitucional, ya que el dictamen aprobado vulnera expresamente los artículos 79 y 43 de la Constitución Política del Perú, referido a que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y tampoco tiene competencia sobre la gestión de los recursos humanos en el Estado.

“Dicha competencia es exclusiva del Poder Ejecutivo, tal como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional (TC)”, indican

Tercera, no afronta el problema de fondo, debido a los loables propósitos, el dictamen no soluciona el problema de la discriminación en los regímenes públicos, es más lo agrava, afectando la meritocracia, pues la incorporación automática de los trabajadores CAS se realizaría sin un concurso público de méritos.

“Toda iniciativa de mejora de las condiciones laborales de los servidores públicos tiene la prioridad, siempre que se respete el marco constitucional”, mencionan en el comunicado.