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Las crisis sanitaria y económica no son los únicos problemas que han golpeado este año al Perú. También lo ha sido la inestabilidad política y la propuesta de leyes que agravan el ya difícil panorma, como el tope a las tasas de interés o la anulación del régimen CAS.
En ese contexto, IPAE presenta el documento la #RutaIPAE: “Impacto del intervencionimo: Pérdida de productividad, capital e ingresos”, desarrollado por el doctor en Economía, César Martinelli.
Esta Ruta reflexiona sobre las consecuencias del intervencionismo en el Perú en el periodo 1968-1990, cuando se nacionalizó la minería, la banca y la pesquería, se creó un sistema de protección industrial y se fijaron controles de precios.
“La intervención masiva del Estado en la economía contribuyó, junto con factores externos, al declive de la productividad en la economía en esos años. Y es que los precios de mercado y las bajas condiciones competitivas, son la mejor guía para la asignación de recursos en la economía. Los recursos cuestan. Cuando, en medio de una crisis, la atención se concentra en las consecuencias distributivas de la intervención en los precios, existe el peligro de olvidar los efectos perniciosos en la asignación de recursos”, señala Martinelli.
Según muestra la Ruta, el régimen intervencionista costó hasta 50% del Producto Bruto Interno (PBI) per cápita por año (hacia 1990), utilizando una muestra de países latinoamericanos como control estadístico. Además, la Ruta apunta que el intervencionismo también devino en crisis fiscal y generó que los ingresos de los peruanos se vean afectados por la inflación de más de 7.000%.
Martinelli advierte que modificaciones en los patrones de demanda crean problemas de escasez que pueden llevar a movimientos extraordinarios en los precios. “En una situación así, existe la tentación de intervenir directamente en la asignación de recursos en la economía, vía la actividad del Estado directamente como empresario o vía la regulación de precios y salarios. La intención es sin duda bienintencionada, pero las buenas intenciones no so necesariamente la mejor guía para entender las consecuencias, con frecuencia inesperadas, de la intervención del Estado en la economía”.