La retención se realiza en la oportunidad en la que se viabilice el pago. El precio de venta debe garantizar prioritariamente el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros (Foto: Andina).
La retención se realiza en la oportunidad en la que se viabilice el pago. El precio de venta debe garantizar prioritariamente el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros (Foto: Andina).

El Poder Ejecutivo promulgó hoy en el Diario Oficial El Peruano la Ley 30737 (), que reemplaza al , y asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.

Las medidas dispuestas en la ley para asegurar dicho pago son la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del 50% del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación (hasta alcanzar el monto de reparación y el íntegro de la deuda tributaria exigible), la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva (este último, un aporte debatido en las comisiones parlamentarias).

La retención se realiza en la oportunidad en la que se viabilice el pago. El precio de venta debe garantizar prioritariamente el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros

Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.

También para los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.

Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública (hasta ahora, solo Odebrecht), lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.

La ley aplica de la misma manera para todos aquellos vinculadas a las personas jurídicas.

El dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.

En ese marco, los socios o consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil; suspender las transferencias al exterior implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.

La Ley 30737 fue promulgada luego de su aprobación por mayoría en el Pleno del Congreso, tras haber sido postergada el 13 febrero y luego debatida ocho veces por las comisiones de Justicia y de Economía de este poder del Estado.

Según el Ejecutivo, esta norma permite que los proyectos de inversión no se paralicen y, al mismo tiempo, sancionar los casos de corrupción.

TAGS RELACIONADOS