El editorial de Gestión: “Sin dejar trabajar”

FISCALIZACIÓN. Hace algunos meses (Gestión 22.08.2013), nos mostramos aliviados cuando la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Nancy Laos, informó a este diario que el aumento inicial de 900% en las multas laborales que disponía la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) se reduciría en 90%. El consuelo viene porque aquellas desproporcionadas multas, las más graves por encima de un millón de soles, hubiesen tenido la capacidad de traerse abajo un negocio entero; lo cual, lógicamente, hubiese ahuyentado a las empresas empujándolas hacia la informalidad –sobre todo a las mypes-, cuando lo que necesitamos es justamente lo contrario.

El reglamento de gradualidad que acaba de publicar el MTPE (aunque varios meses tarde) que regirá a partir de marzo del próximo año contempla la reducción del 90% y, además, presenta una fiscalización especial para las mypes que prohíbe cualquier sanción superior al 1% de sus ingresos anuales. Estas son buenas noticias, sin duda. Sobre todo si las comparamos con lo que pudo haber sido.

Sin embargo, esta corrección no vino sin un precio. Según la nueva reglamentación, si a alguien se le ocurre estar en desacuerdo con la resolución de la inspección de Sunafil y decide impugnarla, automáticamente perderá el beneficio de reducción del 90%. Un elemento que solo podría colaborar con crear corrupción en el sector, dado el poder que otorga a los inspectores.

Pareciera que el Gobierno siente que les está haciendo un favor a las empresas al reducir sus multas y a cambio solo pide que lo molesten menos. El tema de la formalización, quizás el más importante en la cartera de este ministerio, no parece estar siquiera dentro del panorama.

A propósito, es necesario notar de una vez por todas que la ley de la persona con discapacidad ha probado ser incapaz de hacer cumplir las cuotas correspondientes al sector público (5%) y al privado (3%). Esto se debe a que, por un lado, el 76% de los discapacitados son inactivos y, por el otro, la ley impone inversiones a empresas – mypes – que no están en condiciones de garantizarlas. Si bien es importante reconocer los derechos de los discapacitados, se debe buscar una política alternativa para impulsar su inclusión. Una que funcione.