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El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Samuel Gleiser, dijo que el próximo cambio del año base con el que se calcula el PBI del país llevará a que se tenga que ajustar hacia arriba los estimados de crecimiento del PBI para el 2014, aunque advirtió que si el Gobierno no aborda los conflictos sociales desde una gestión integral de riesgos, será imposible que la economía crezca más allá de lo esperado.
"Dependiendo del ritmo de crecimiento de los diversos sectores económicos, en especial el referente a los sectores Minería e Hidrocarburos por la nueva ponderación que tiene, habría que ajustar los estimados de crecimiento del PBI para el 2014 hacia arriba, pues se prevé una tasa de crecimiento alta de este sector en comparación al 2013. Esto hace más urgente la necesidad que las inversiones mineras trazadas y en plena ejecución se den tal como está planificado", comentó.
El Gobierno ha anunciado que cambiará el año base con el que se calcula el PBI del país, lo que podría causar que el sector Minería e Hidrocarburos, por ejemplo, pase de 4.7% a 14.4% (9.7 puntos porcentuales más).
Gleiser indicó al respecto que el Gobierno tiene que tomar en cuenta que si bien el indicador de crecimiento reflejará mejor la actividad económica nacional, también hará que sea más sensible a los problemas sociales que se producen en el país.
"El nuevo PBI reflejará lo que somos, un país minero cuya industria y servicios crecen alrededor de esta actividad económica. Por ello, es importante que la gestión de conflictos sociales – que se encuentran por encima de los 200 mensuales – sea vista desde el Gobierno dentro de una gestión integral de riesgos, (porque) sino será imposible crecer al ritmo esperado", señaló el directivo empresarial.
Según el reporte que la Defensoría del Pueblo presentó en enero último, 41 de los 81 conflictos entraron a la fase de diálogo (51%), lo que "revela la necesidad de establecer al diálogo como una herramienta decisiva de gestión gubernamental", anotó Gleiser.
Los conflictos socioambientales representaron el 63.8% (136 casos) del total registrado en enero, los conflictos por asuntos de gobierno local el 10.8% (23 casos) y los conflictos por demarcación territorial el 7.0% (15 casos). De los 136 conflictos socioambientales activos y latentes a ese mes, el 75% (102 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera y el 13.2% (18 casos) a conflictos por actividades hidrocarburíferas.