Aproximademente dos toneladas de , adulterados, con fecha de expiración vencida y sustraídos de instituciones del Estado, que eran almacenados y comercializados en condiciones inadecuadas poniendo en riesgo la salud de las personas, fueron incautadas durante un operativo conjunto realizado en la galería comercial Unicachi.

El operativo fue realizado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Sunat, y la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Hemos encontrado pastillas, ampollas, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios e incluso medicamentos para el cáncer, diabetes y parkinson, acopiados y vendidos de forma clandestina en stands que aparentaban dedicarse a la comercialización de ropa, ollas y dvds, cuyo uso podría provocar intoxicaciones o el agravamiento de la enfermedad", explicó la directora general de la Digemid, Vicky Flores.

En la intervención en esta galería comercial, ubicado en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Montevideo, se encontró también anabólicos y anticonceptivos inyectables, óvulos para infecciones vaginales, inhaladores para el asma, además de cajas e insertos falsificados.

En el stand 549 se detuvo a Reynaldo Calixto, quien fue trasladado a las instalaciones de la Policía Fiscal.

La directora de la Digemid explicó que esta acción es resultado de un trabajo de inteligencia que ha permitido determinar que estos productos se venden al menudeo y en grandes cantidades a personas que luego los comercializan de manera ilegal en establecimientos no autorizados en diversas zonas de la capital.

Por tal razón, recomendó no adquirir medicamentos en mercados, centros comerciales o ferias.

"Invocamos a la población a recurrir solo a farmacias y boticas formales, pues mientras haya demanda, existirá un mercado ilegal que no solo afecta la salud de las personas, sino que también al sistema de salud con la sobrecarga en la demanda de servicios motivada por los efectos de estos productos ilícitos", recalcó.

Flores reiteró la solicitud del Minsa y la Digemid al Ministerio Público para que se amplíen las facultades de las fiscalías especializadas en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual para que puedan investigar delitos contra la salud pública, lo que contribuiría a que los responsables de estos ilícitos sean sancionados con prisión efectiva que, conforme a lo dispuesto por el Código Penal, sería de cuatro a 15 años de pena privativa de la libertad.