Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo dio a conocer también que se ha detectado diversas anomalías en el alza de tarifas efectuada por la empresa Movistar en enero último, (Foto: GEC)
Alicia Abanto de la Defensoría del Pueblo dio a conocer también que se ha detectado diversas anomalías en el alza de tarifas efectuada por la empresa Movistar en enero último, (Foto: GEC)

La Defensoría del Pueblo solicitó al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) modificar las normas que regulan el plazo y procedimiento que tienen las empresas de servicios de telecomunicaciones para comunicar los incrementos en las tarifas al público usuario.

Dichas declaraciones las brinda en medio de una suspensión por Osiptel al alza de tarifas que realizó Movistar (Telefónica) a los usuarios, de servicios de internet fijo (dúo y tríos).

Para la Defensoría esta modificación debe permitir al usuario contar con información adecuada y en un tiempo oportuno que le permita decidir si permanece con el servicio contratado, lo varía a uno que se ajuste a sus necesidades o cancela el contrato.

Alicia Abanto, Adjunta para los Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, sostiene que la normativa actual permite a las operadoras de telecomunicaciones realizar incrementos en el servicio en cualquier momento, sin garantizar la vigencia de la tarifa inicialmente contratada por un plazo mínimo, o de la nueva tarifa desde la última variación realizada.

Se pedido a Osiptel que establezca la obligatoriedad de las empresas operadoras de informar a dicho organismo regulador los cambios tarifarios en todos los casos y de comunicar al público usuario en un plazo no menor a 60 días de anticipación cualquier cambio en las tarifas.


En ese sentido, proponen establecer un periodo mínimo de vigencia de las tarifas, de tal modo que no puedan variar dentro de los siguientes 12 meses de contratado el servicio o de producido el último incremento.

Anomalías en el servicio

Abanto dio a conocer también que se ha detectado diversas anomalías en el alza de tarifas efectuada por la empresa Movistar en enero último, tales como la falta de notificación previa a través de mecanismos idóneos, o el envío extemporáneo de la comunicación a las y los usuarios de diversos servicios.

La representante de la Defensoría del Pueblo explicó que en algunos casos se ha enviado únicamente mensajes de texto que anunciaban la variación de tarifas sin mayor detalle y después de haber aplicado el incremento.

Asimismo, que las comunicaciones contenían información incompleta sobre las opciones de reclamo del usuario frente al incremento y los canales de atención para ello. “Se observó también que la notificación recibida por diversos usuarios era intimidante”, detalla la Defensoría.

En ese sentido, Abanto dio a conocer que se ha pedido a Osiptel que establezca la obligatoriedad de las empresas operadoras de informar a dicho organismo regulador los cambios tarifarios en todos los casos y de comunicar al público usuario en un plazo no menor a 60 días de anticipación cualquier cambio en las tarifas. De acuerdo a la propuesta, dichos cambios deberán ser notificados en los recibos por consumo y solo de manera complementaria mediante aplicaciones móviles o mensajes de texto.

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