Nuestros mercados de trabajo pueden convertirse en un serio obstáculo para la recuperación. Se necesitan decisiones rápidas del Gobierno. (Foto: iStock)
Nuestros mercados de trabajo pueden convertirse en un serio obstáculo para la recuperación. Se necesitan decisiones rápidas del Gobierno. (Foto: iStock)

Por Alfonso de la Torre | Piero Ghezzi | Alonso Segura

Las medidas para combatir la pandemia del Covid-19 han causado una recesión súbita, sincronizada y de una magnitud que no tiene precedentes en el último siglo.

El distanciamiento social ha forzado un cierre repentino y prolongado del aparato productivo. Esto genera una crisis masiva de iliquidez debido a la incapacidad de hogares y empresas de generar ingresos. Sin flujo de caja, no pueden cubrir necesidades básicas y costos de operación (incluyendo salarios), respectivamente. Y aunque el choque de iliquidez varía según la espalda financiera de cada uno, para muchos ha sido casi automático, por lo que el plazo de respuesta para las primeras medidas de alivio era de semanas o incluso de días.

Las primeras medidas, además de las adoptadas por la SBS y el BCR, son una combinación de transferencias a un gran número de hogares urbanos, impulso al gasto privado a través de postergación de impuestos y usos parciales de CTS y fondos en AFP. Están recién en implementación.

También se anunciaron operaciones de recompra (repos) con garantía soberana por 30,000 millones de soles. Este debería ser un mecanismo de rápida inyección de liquidez –“helicopter money”–. Por ello, se requiere 100% de garantía del Gobierno (como lo están haciendo varios países).

“En un programa de inyección de liquidez debe primar el criterio de celeridad y facilidad en el otorgamiento de los créditos, pues los riesgos son asimétricos”.


Cualquier porcentaje debajo de 100%, como parece estar considerando el MEF, sería un error. Los bancos van a ser reacios a tomar el riesgo residual. Un rápido programa de inyección de liquidez mutaría a uno de garantías de crédito, como los que ya existen y se usan poco. Debe primar el criterio de celeridad y facilidad en el otorgamiento de los créditos, aun si genera mayor riesgo moral para el Tesoro. De lo contrario se dilata la evaluación crediticia, se raciona el acceso, se privilegia a los clientes más grandes y sólidos (como siempre) y se encarece el costo. El Gobierno debe internalizar que el balance de riesgos en las circunstancias actuales es significativamente asimétrico. Demoras y errores se traducirán en mayores insolvencias (quiebras).

No podemos ignorar el mercado laboral

Todas las medidas anteriores se enfocan en atenuar la iliquidez de los hogares y de (un grupo de) empresas. Mitigan el impacto inicial del choque pero no son suficientes si, como parece, el escenario poscuarentena será de recuperación paulatina. Aquellos que sufren una reducción de ingresos que se proyecta más prolongada (y significativa) enfrentan riesgos de insolvencia. Esto aplica especialmente para sectores como turismo, entretenimiento, vastos segmentos de servicios, etc. Estas empresas difícilmente sobrevivirán si no se atacan las fricciones del mercado laboral.

Nuestros mercados de trabajo pueden convertirse en un serio obstáculo para la recuperación. Las principales economías del mundo han tomado nota de la magnitud de las crisis y desplegado distintas medidas de apoyo a trabajadores y empresas. Estados Unidos, donde el mercado laboral es muy flexible, ha visto un aumento en las solicitudes por seguro de desempleo de casi diez millones en la segunda quincena de marzo. Ante esta situación de desempleo masivo, sus autoridades han decidido complementar el seguro de desempleo con transferencias a hogares, apostando a que los empleadores recontraten rápidamente en la recuperación. Alemania, en cambio, tiene un sistema (Kurzarbeit) de empleo temporal, mediante el cual se permite el recorte de salarios y horas a cambio de que las empresas no realicen despidos. En este caso, la intervención del Estado pasa más por cubrir una parte del ingreso (recortado) mediante susbsidios a las planillas que por extender protecciones a los desempleados.

En el Perú tenemos lo peor de ambos mundos. El mercado informal se ajusta rápidamente, pero sin redes de protección para desplazados, lo cual es particularmente pernicioso en la situación actual. Es como el sistema norteamericano, pero sin mecanismos de solidaridad. En cambio, el mercado formal, pese a incluir (en el papel) una serie de figuras para situaciones extremas como la actual, como la suspensión perfecta –licencias sin goce de haber– o el despido colectivo por razones económicas o de fuerza mayor, usualmente no puede aplicarlas. Es como el sistema alemán, pero sin apoyo del Estado para evitar quiebras masivas frente a situaciones excepcionales. Ello amplifica la pérdida de puestos de trabajo (además de arrastrar a proveedores y acreedores).

El rol del Gobierno en esta coyuntura es determinante. En el sector informal, el apoyo vendrá a través de transferencias a hogares y mecanismos de apoyo a pymes (garantías, compras públicas, impulsos de demanda). En el sector formal, se debe clarificar y ser ágil en la autorización o verificación del uso de las figuras que contempla el marco legal, basado en la situación real y no en ideología o burocracia. Y definir si corresponde la introducción de algún mecanismo de apoyo “a la alemana”.

Pero tiene que hacerlo rápido. Los riesgos de insolvencia son, para muchos, inminentes. El subsidio temporal a los trabajadores en planilla que ganan por debajo de S/ 1,500 tiene serias deficiencias de cobertura y diseño. Las empresas pueden terminar realizando despidos masivos de todas formas. El subsidio debe ser condicionado y basado en criterios cuya calificación se verifique caso por caso, como vienen haciendo Reino Unido y Dinamarca, por ejemplo.

Como casi siempre, una solución intermedia es quizás la más efectiva y sostenible. Por un lado, desconocer esta situación tendría efectos muy negativos de propagación en la economía. Por otro lado, el Gobierno debe medir bien su espalda fiscal. Hay un límite al uso responsable de nuestros ahorros y credibilidad del último cuarto de siglo. No es factible solucionar todos los problemas a punta de transferencias y subsidios indiscriminados.

Tiempos extraordinarios requieren de soluciones extraordinarias, como ha dicho el presidente Vizcarra. Algunas más difíciles que otras. Y a veces, también, algunas impopulares. Pero necesarias.