Daniel Linsker, vicepresidente de Servicios Globales para A.L., Control Risks. (Foto: Difusión)
Daniel Linsker, vicepresidente de Servicios Globales para A.L., Control Risks. (Foto: Difusión)

El expositor de la quincuagésima sexta (56°) edición de la Conferencia Anual de Empresarios, o CADE Ejecutivos 2018, nos brinda sus percepciones sobre los escándalos de corrupción que han remecido a varios países de la región, su impacto en las empresas, y cómo destacar en un panorama adverso.

¿Cuánto le cuesta a una empresa los casos de corrupción?
Los costos más conocidos son las multas de las entidades reguladoras. Hay un segundo costo, muy poco entendido, y es el costo reputacional. Este es un costo que se mide por el valor de la acción de una empresa, por la capacidad que tenga la empresa de hacer negocios. Esos son costos muy altos. Un tercer impacto, que muchas veces no se ve, es el impacto interno en la competitividad. Por temas de corrupción se termina contratando o comprando servicios que no son de la mejor calidad o del mejor precio.

¿Hay más corrupción hoy en día?
No creo que haya más corrupción que antes. Lo que creemos es que hay un entorno que permite que sea más visible, que se destape más, ya sea por regulaciones internacionales, la sociedad civil, o porque hay ahora muchos incentivos para denunciarla.

¿Como puede hacer una empresa para combatirla?
Lo primero es que se debe entender que no solo es un tema de reputación, sino que es un tema de ciudadanía corporativa, que es buena para los negocios. Hacer de una empresa ética, por más que conlleve a una inversión de recursos y tiempo, al final del día es bueno para los negocios. Es algo que te distingue de las demás empresas.

El segundo punto pasa por montar programas muy serios de anticorrupción que comienzan precisamente con un tono de la alta gerencia de que la corrupción no es permitida, no es aceptable. Pasando después a políticas, controles, educación, capacitación, y componentes de control muy fuertes y fijos.

¿Y cómo entra a tallar el rol de directores independientes?
Se ven iniciativas en ese nivel, porque en la conformación de un directorio se da una clara señal de cuál es el mensaje. Y hasta la iniciativa que quieren hacer precisamente alrededor de este evento de la CADE, de hacer como un pacto por la integridad.

¿Cómo están reaccionando las empresas de América Latina?
Eso depende mucho del país. Países como el Perú, donde se tienen marcos nuevos de regulaciones anticorrupción, el cambio ha sido más fácil, porque normalmente cuando es un tema impulsado desde un cambio regulatorio, se es forzado a cambiar. En otros países, donde este tema todavía no ha sido tan perceptible, de cierta forma el cambio es muy lento. Lo que sí toma mucho más tiempo, y que es un cambio más real, es el cambio cultural.

¿Cuál sería entonces el rol del Estado?
El Estado no solo debe imponer la regulación, sino demostrar a todos los niveles, que así como las empresas están o deberían estar comprometidas con temas de prevención de corrupción, el Estado tiene la necesidad de estar comprometido con la misma cultura de prevención de corrupción y, sobre todo, en el aparato de justicia. Si no hay percepción de justicia, no terminas cambiando las culturas.

¿Cómo podría hacer una empresa para tratar de cambiar su imagen si se ha visto afectada por casos de corrupción?
Lo primero que tiene que hacer es tomar el compromiso anticorrupción muy en serio. Y tener que buscar que las personas involucradas sean castigadas por la ley con la mayor seriedad posible.

¿Y estas empresas merecen una segunda oportunidad?
Mucho va a depender de cómo reaccione la empresa ante una acusación. Las empresas que tienen un plan de manejo de crisis y de comunicaciones, y están dispuestas a hacer una investigación interna y demostrar que están haciendo los correctivos, sin encubrir nada, permitiendo además que todos los culpables sean investigados hasta las últimas consecuencias, normalmente tienen una segunda chance.

¿Y cuál es su percepción sobre el caso peruano?
El problema que se tiene en el Perú, desde mi percepción, es que lo que ha ocurrido en el último año y medio a dos años, creo que tiene a la sociedad pensando que todos son corruptos. Tanto los políticos, como las empresas y la justicia. Y eso genera una crisis de confianza muy profunda. El problema en ese caso es que los políticos, por pura estructura institucional, deben continuar. El sistema de justicia tiene también que seguir trabajando, pero los que terminan peor parados son las empresas porque, si están involucradas en los casos de corrupción, la sociedad no tiene necesidad de ellas como sí de la política y la justicia. Entonces, desde un punto de vista empresarial, el castigo para una empresa que es percibida como corrupta es mucho más fuerte.