Amal-Lee Amin, jefa de Cambio Climático del BID. (Foto: Difusión)
Amal-Lee Amin, jefa de Cambio Climático del BID. (Foto: Difusión)

La ciudad de Lima fue el escenario para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presente el Marco de Infraestructura Sostenible, con el cual busca apoyar a entidades públicas y privadas en el desarrollo de proyectos de infraestructura que sean planificados, diseñados construidos, operados y finalmente removidos.

Con esto se busca que los proyectos puedan asegurar su sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluyendo la resilencia climática) e institucional.

El propósito de este marco es incrementar la claridad, reducir los riesgos y mostrar las oportunidades que genera la infraestructura sostenible para el crecimiento inclusivo y el aumento de la productividad, incrementando la cobertura y la calidad de los servicios consagrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

América Latina es una de las regiones más vulnerables a los impactos de un clima cambiante. En 2017, experimentó severas pérdidas debido a eventos naturales, incluyendo inundaciones en el Perú que tuvieron un costo de US$ 3,000 millones.

Se estima que para el año 2050 el cambio climático causará daños en la región con un costo de US$ 100,000 millones al año.

“El marco presenta cuatro grandes principios de sostenibilidad, los cuales cubren la dimensiones económica y financiera, ambiental, social e institucional, y propone que cada una de ellas debe ser considerada a lo largo del ciclo de vida del proyecto”, afirmó Amal-Lee Amin, jefa de Cambio Climático del BID.

En ese sentido, el marco propone 66 criterios que son importantes para operacionalizar la sostenibilidad.

“Nuestro objetivo es que la infraestructura sostenible sea realmente un catalizador de crecimiento económico y de desarrollo inclusivo, que mejore las vidas de las personas en el Perú y el resto de países de América Latina y el Caribe”, señaló Viviana Caro, representante del BID en el Perú.

Cuatro grandes principios

La sostenibilidad económica y financiera debe asegurar retornos económicos y sociales. Por lo tanto, debe generar un sólido flujo de ingresos, basados en una recuperación adecuada de costos y estar apoyados, si es necesario, por subisidios específicos o por mecanismos de pago basados en la disponibilidad (cuando los usuarios no pueden ser identificados) o que atiendan grandes efectos indirectos.

De otro lado, la sostenibilidad ambiental consiste en que los proyectos de infraestructura preserven, restauraren y se integren con el ambiente natural, incluyendo la biodiversidad y los ecosistemas. También limita todos los tipos de contaminación durante todo el ciclo de vida del proyecto y contribuye con una economía baja en carbono, resiliente al cambio climático y eficiente en el uso de los recursos.

En lo que refiere a la sostenibilidad social, los proyectos de infraestructura deben ser apoyado por las comunidades a las que impacta, asegurando los derechos humanos y laborales, e integrar la preservación cultural y el patrimonio.

Finalmente, con relación a la sostenibilidad institucional, los proyectos de infraestructura deben estar alineados con los objetivos nacionales y compromisos internacionales, y basados en sistemas transparentes y consistentes de gobernanza durante el ciclo de vida del proyecto. También deben contemplar el fortalecimiento de capacidades, incluyendo mecanismos de transferencia de conocimiento, promoción de una mentalidad innovadora y la gerencia de proyectos.