COP 20: Perú es el cuarto país más peligroso del mundo para activistas medioambientales

"Perú se prepara para ser anfitrión del evento climático de la ONU mientras sus defensores indígenas de bosques mueren".

Así titula su post el bloguero del New York Times, Andrew C. Revkin en el que habla sobre el asesinato del líder asháninca Edwin Chota ocurrido el 1 de setiembre.

Revkin cita un informe elaborado por el grupo Global Witness llamado "Peru's Deadly Environment" (El medioambiente mortal de Perú) en el que la institución desmenuza y plantea alternativas a la violencia con la que operan las actividades ilegales frente a los indígenas conservacionistas.

Según la publicación, la difusión del informe se realizará en el marco de un evento auspiciado por la Fundación George Soros, en incluso se habla de que el mismo Soros entregue un premio póstumo a Chota.

LetalJunto Edwin Chota fueron asesinados otros tres dirigentes que ya habían denunciado la tala ilegal en la zona de la Amazonía.

Para Global Witness, Chota es uno de los dos activistas que mueren cada semana en el mundo defendiendo su medioambiente.

Según la investigación del grupo, Perú es el cuarto país más mortífero del mundo para ser un defensor del medio ambiente o de la tierra, detrás de Brasil, Honduras y Filipinas. Entre 2002 y 2014, al menos 57 activistas locales contra la tala ilegal murieron. Más de la mitad murió durante los últimos cuatro años.

En un extenso documento, Global Witness explica que el reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra ha demostrado ser una de las maneras más eficaces para frenar la deforestación, pero las comunidades no están recibiendo el apoyo y la protección que necesitan.

Siempre según esta organización, actualmente hay más de 20 millones de hectáreas comprometidas en las reivindicaciones de tierras indígenas en la Amazonía peruana que el gobierno ha fallado en procesar.

"A pesar de que Perú se ha comprometido a proteger su selva tropical, declarando su intención de reducir la deforestación neta a cero para el año 2021 y que recientemente la firmó un acuerdo de cooperación con Gobierno de Noruega por US$ 300 millones, esto no se logrará a menos que el Gobierno resuelva los temas pendientes que incluyen la falta de aplicación de la ley, la tala ilegal sin control, la tenencia insegura de la tierra y la corrupción entre los funcionarios públicos, que es es endémica en la región amazónica", concluye el reporte.