(Foto: GEC)
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La Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó -en la víspera- un dictamen que agrupa hasta ocho proyectos de ley y que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudios en las instituciones educativas públicas y privadas en situación de emergencia.

¿Qué plantea? que los institutos, escuelas superiores, de posgrado, universidades y demás instituciones de educación superior que dispongan el inicio de su ciclo académico del año 2000 de manera virtual, ajusten el valor del crédito o de la pensión de enseñanza correspondiente, de manera proporcional a la reducción de sus gastos como consecuencia del uso de esta modalidad de enseñanza.

En ningún caso el valor del crédito o pensión puede aumentar por la aplicación de esta modalidad.

Para lo cual las instituciones educativas deberán enviar al Indecopi un reporte sobre el nuevo valor del crédito educativo o de la pensión en un plazo máximo de veinte días naturales desde la promulgación de la presente Ley.

Dicha entidad, tiene un plazo máximo de diez días naturales para validar el reporte. Las entidades educativas que omitan lo dispuesto o cuyo reporte sea declarado inválido están obligadas a reducir el valor de cada crédito o de su pensión en 20%.

Igualmente que las universidades y escuelas de postgrado públicas y privadas suspendan el cobro de la matrícula o pensiones por un plazo máximo de treinta días calendarios, posteriores al reinicio del semestre lectivo, sea este de modo presencial o virtual; así como también, a solicitud del estudiante, se encuentran en la obligación de prorratear el pago de aquellas deudas de servicios educativos efectivamente concluidos durante el estado de emergencia.

También se establece que toda deuda que se haya contraído durante el estado de emergencia nacional o regional, no genera interés moratorio mientras perdure el mismo o su prórroga.

En diálogo con el presidente de la Comisión de Educación, Luis Dioses Guzmán, negó que esta propuesta busque un control de precios y que, por el contrario, lo que se buscaría es “garantizar la continuidad de los estudios superiores” en plena crisis del COVID-19.

(¿La propuesta legislativa buscaría un control de precios?) En lo absoluto, el dictamen aprobado ayer lo que busca es garantizar la continuidad de los estudios superiores en esta emergencia y en cualquier situación extrema que viva el país tanto en instituciones públicas como privadas. Esa es la cuestión que se busca y no un control de precios”, detalló.

“A través de estos 17 artículos lo que se establece -recalcó- es la continuidad de la educación básica y tecnológica y universitaria. Si estamos hablando de estos tres niveles educativos se establecen -además- que deban brindar las facilidades de pago a los estudiantes y si es que se han contraído deudas estas no generen intereses”, agregó.

El parlamentario anotó que este dictamen ha tenido hasta tres borradores, las que han estado a disposición de las universidades e institutos para su respectiva evaluación.

Si ya hay un cambio de educación presencial a virtual -producto de la emergencia sanitaria- definitivamente los gastos son diferentes, por lo tanto las pensiones deben ser proporcional al servicio que brindan. Ese es el enfoque en general que buscamos con esta iniciativa que deberá ser debatida en el Pleno para su ejecución inmediata”, remarcó.

A continuación el dictamen aprobado por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte: