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En el paquete de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo al Congreso –y que ya fueron otorgadas- se encuentra la postergación del inicio de la aplicación de la ley de control previo de fusiones empresariales, el cual iba a iniciar en agosto de este año.
En la exposición de motivos de la solicitud, el Ejecutivo refiere que esta medida es necesaria para no demorar los procesos de fusiones que se puedan dar entre las empresas, debido al impacto económico del coronavirus.
Si bien no indica por cuánto tiempo será la postergación de la ley, agrega que se aprovechará este espacio de tiempo para incorporar algunos cambios a la norma, aunque aún no ha especificado de qué tratarán las modificaciones.
Al respecto, Diego Price, especialista en M&A (Fusiones & Adquisiciones) y asociado del estudio Rebaza, Alcázar De Las Casas, señaló que la postergación de la aplicación de la ley sí se justifica pues se requiere que los procesos de fusiones no demoren.
“Cuando entre en vigencia la ley, el proceso de control de fusiones (a cargo del Indecopi) podría tomar entre tres a ocho meses”, indicó.
Agregó que las fusiones podrían darse en los sectores más golpeados por el coronavirus. Ello incluiría a empresas relacionadas al turismo, hoteles, restaurantes, discotecas, entre otros.
Por su parte Carlos Patrón, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, coincidió con la necesidad de postergar la aplicación de la ley de control de fusiones.
Refirió que muchas empresas estarán en procesos de reestructuración, pues habrán cambios en las estructuras productivas tras la epidemia.
“Todo lo digital tiene un valor que antes no tenía. Vamos a movernos hacia un sistema de consumo y distribución en línea, donde ya no recibo a mis clientes sino que yo les llevo los productos a ellos. Entonces habrán matrimonios empresariales, pues la inversión en tecnología y logística de distribución será grande”, sostuvo Patrón.
Asimismo agregó que hay empresas que quedarán muy golpeadas financieramente y tendrán que venderse o fusionarse, para evitar quebrar y poder sobrevivir.
No obstante, para la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) no era necesaria la postergación de esta norma, ya que no aplicará para todas las fusiones, sino solo para operaciones que superen un determinado umbral.
Para Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, la postergación de la norma pone en riesgo que en determinados sectores se consoliden posiciones de dominio de algunas empresas, en perjuicio de los consumidores.
“También hay riesgos de que las modificaciones que se introduzcan a la ley disminuyan su eficacia”, anotó Cáceres.