Contrataciones del Estado: controversias deben resolverse en arbitraje institucional

El Estado tiene la gran oportunidad de modificar la modalidad de solución cuando existen controversias generadas en contrataciones del Estado, las mismas que deben resolverse mediante arbitraje institucional, comentó Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La actual regulación de las contrataciones públicas contempla que, si se ha pactado, las controversias sean sometidas a un arbitraje ad hoc. Sin embargo, para cautelar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, se debe establecer que las controversias solo serán resueltas mediante arbitraje institucional.

Mongilardi agrega que al declararse en reorganización la Central de Compras Públicas-Perú Compras y el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce), se espera se corrijan las debilidades detectadas, dotando de transparencia a las contrataciones del Estado a fin de eliminar la discrecionalidad del funcionario público para definir a qué proveedor se efectúan estas adquisiciones, en la medida que los controles y filtros que deben pasar los proveedores del Estado no han sido los adecuados.

"Esta medida debe realizarse con el único objetivo de consolidar la institucionalidad del país, elemento fundamental para el desarrollo económico de la nación", precisó.

La norma establece que en un lapso de siete días debe instalarse la Comisión Reorganizadora y a partir de esa fecha tendrá 90 días para realizar el diagnóstico de la situación para formular las recomendaciones pertinentes.