La detectó presuntas irregularidades en el proceso de calificación y contratación para la construcción de infraestructura, equipamiento, implementación y gestión logística de almacenamiento, distribución y entrega de materiales en la red de almacenes y farmacias de en Lima.

Estas irregularidades habrían generado un perjuicio económico de US$ 28'800,351 por pagos de servicios no recibidos y S/ 49'015,550 por inaplicación de penalidades, en el período 2008-2014.

Los entonces funcionarios de la Entidad, desarrollaron el procedimiento para la promoción de inversiones bajo la modalidad de Asociación Público Privada, quienes ejecutaron un proyecto de inversión por sin cautelar el cumplimiento de la normativa, las bases y el contrato, la misma que fue adjudicada al Consorcio SALOG.

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Según la investigación de la Contraloría, se tuvieron los siguientes hallazgos:

1. Ejecutaron un proyecto de inversión por iniciativa privada sin contar con estudios de pre inversión, ni declaratoria de viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública.

2. Aprobaron bases para el referido proceso que restringieron la participación de interesados en la etapa de precalificación y calificaron como participante a una empresa que no acreditó la capacidad técnica y económica exigida en las bases y el proyecto de contrato, los cuales fueron modificados cuando ya no era posible hacerlo por su condición de integrados (definitivos).

3. Pago por el servicio de entrega de materiales en consulta externa y hospitalaria desde el inicio de las operaciones y no desde la prestación real del servicio.

4. Incumplimiento del plazo de implementación del Sistema de Operación Logística en la totalidad de los 43 puntos de la red de almacenes y farmacias de Lima estipulados en el contrato.

5. Omisión de la aplicación de penalidades por no haberse culminado con las actividades de implementación en el plazo máximo de 18 meses, para la Toma de Control Efectivo de las Operaciones (1) (S/ 48 millones 400 mil 800); por no implementar una Oficina de Reclamos y Atención al Asegurado (S/ 501 mil 600) y por obligaciones incumplidas en la prestación del servicio de distribución de material estratégico (S/ 113 mil 150).

Para la Contraloría, estos hechos evidencian indicios de la presunta comisión del delito de Concusión – Colusión Ilegal de diez ex funcionarios de EsSalud, que conformaron el Comité de Promoción de Inversiones en Infraestructura y Servicios de Salud (CPISS), el Consejo Directivo y las dependencias responsables de la supervisión, control y seguimiento del contrato.

La Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de La Contraloría interpuso una denuncia penal contra los presuntos responsables ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima – Tercer Despacho de Investigación.