:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GKSFFACCCZD3NH2TKCTUZAINW4.jpg)
La próxima semana la Contraloría iniciará el control a la entrega de los S/535 millones asignados para el bono habitacional familiar destinados para al programa Techo Propio, que otorga el Ministerio de Vivienda, para supervisar su adecuada ejecución, según indicó el Contralor Nelson Shack.
Ante la Comisión de Vivienda del Congreso, el funcionario indicó que el pasado viernes, el citado ministerio recibió la mencionada inyección de recursos para el bono habitacional familiar, como parte de las medidas para la implementación y la reactivación económica.
No obstante, observó que, pese al importante papel que tendrá en la reactivación el Ministerio de Vivienda, de los S/86,000 millones que el Gobierno ha dispuesto en el marco del Covid-19, a dicho sector (apenas) se le había asignado S/5.8 millones.
“Y, de hecho, no había recibido nada de plata; estos S/5.8 millones han sido modificaciones presupuestarias internas, de los propios presupuestos de las entidades publicas, para poder atender algunas acciones puntuales en materia de covid-19, como por ejemplo lo relacionado al tema de la aplicación de módulos de vivienda temporal o reparto de agua que hacen las empresas”, observó el contralor.
Explicó que la Contraloría, dentro del sector vivienda, ha elaborado 32 informes, de 6,300 informes en total correspondientes a a entes públicos, pero la cantidad de recursos públicos en dicho sector ha sido bastante menor, pues recién eso cambio la semana pasada en que le dieron los mencionados S/535 millones para los bonos.
“A partir de próxima semana vamos a organizar un servicio de control concurrente para ver como se van a distribuir (los bonos), quienes realmente van a ser los beneficiarios, y hacer un acompañamiento tanto a ese ministerio como al Fondo Mi Vivienda para ver una adecuada ejecución de esos recursos”, aseveró.
En tanto, de las observaciones que la Contraloría ha encontrado en su labor de control al sector Vivienda, indicó que, en los casos de suministro de agua en este periodo, han advertido que no se estaría contabilizando el agua suministrada mediante vehículos cisterna.
Asimismo, indicó que se ha observado que las cisternas no tendrían autorización sanitaria temporal para su operación, lo que no garantizaría que el agua suministrada cumpla con la calidad requerida para el consumo humano.
CAPACIDAD SANCIONADORA
De otro lado, el contralor pidió al Congreso que se restablezca la capacidad sancionadora de la Contraloría, en vista que va a empezar a realizar acciones de control posterior en el próximo semestre al sector público en general, y espera que (en los casos que ameriten) pueda aplicar sanciones.
“El tema de covid para nosotros ha implicado que el Estado ponga a disposición, a través de distintos mecanismos, mas de S/86,195 millones, a través de 311 decretos de urgencia emitidos en el marco de la emergencia sanitaria covid 19, autorizando la transferencia de fondos públicos para atender las medidas de contención y reactivación económica”, anotó.
Observó que en el caso de Reactiva Perú, los S/60,000 millones que comprende ese programa, son parte de esos más de S/86,000 millones antes mencionados (pero) no se canalizan a través del presupuesto público.
“O sea, si ustedes tratan de entrar al portal de Transparencia Económica del MEF, y ven cuánta plata hay para los temas de covid-19 en particular, o ejecución del gasto publico, nunca van a encontrar esos S/60 mil millones que se canaliza vía inyección de liquidez que hace el BCR con garantía del tesoro vía sistema financiero”, anotó.
Añadió que, de esos S/86,000 millones, S/17,700 millones sí van a ir al presupuesto (y de los cuales) actualmente en el presupuesto ya asignado a las distintas instituciones públicas, hay casi S/9,000 millones.
“Y uno podría decir: dónde está el resto?, bueno, es que, una cosa es que salga el decreto de urgencia, otra cosa es que los presupuestos estén activos en las distintas instituciones”, anotó.