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La Contraloría pidió al Congreso aprobar la iniciativa legislativa presentada por el grupo parlamentario de Alianza Para el Progreso para la aplicación del control concurrente a todo tipo de contrataciones públicas, entre ellas, los más de S/ 2,500 millones que el gobierno central ha destinado para luchar contra el coronavirus.
“Además de la prioridad de contar con esta ley, resulta necesario que sea el Congreso quien debata y apruebe prontamente el control concurrente a todo tipo de contratos o proyectos de inversión, y no solo a esta emergencia sanitaria”, comentó el contralor, Nelson Shack.
Dijo además que “delegar en el Poder Ejecutivo esta tarea podría ser riesgoso y cuestionable en el futuro, toda vez que el mismo Ejecutivo no debería emitir normas de control para controlarse”.
-Aprobación-
La Controloría explicó que Una vez aprobado este proyecto de ley los auditores del Sistema Nacional de Control estarán facultados para acompañar y verificar las contrataciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras públicas, con la finalidad de contribuir a garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado en beneficio de la ciudadanía.
De esta manera, equipos especializados podrán iniciar, por ejemplo, el seguimiento a las adquisiciones de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, verificar si las empresas proveedoras extranjeras cuentan con las licencias y son fiables, entre otros temas relevantes que enmarcan el rol fiscalizador de las decisiones públicas.
El control concurrente que activará inmediatamente la Contraloría, una vez aprobada la Ley, tendrá como prioridad garantizar una rápida respuesta del Estado al ciudadano y, en virtud a ello, los auditores realizarán un acompañamiento a los gestores públicos para que las acciones y medidas que implementen cumplan, con la debida prioridad, su finalidad de mitigar el impacto sanitario, social y económico de la pandemia del coronavirus.
Shack también señaló que la Contraloría ya cuenta con una estrategia integral para desplegar comisiones de control que, provistos de todos los equipos de bioseguridad, pueden realizar un acompañamiento efectivo y oportuno a los gestores públicos.
Por lo que solo se requiere de la voluntad política para ponerlo en práctica.
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo solicitó que la Contraloría supervise el adecuado uso de los fondos públicos que se vienen destinando para luchar contra el coronavirus, y la máxima entidad de control ha expresado su compromiso y voluntad en esta tarea, recomendando la pronta aprobación de los dispositivos legales que faculten tal intervención.