Una nueva controversia surge alrededor de las concesiones aeroportuarias, en este caso por la concesión del segundo grupo de aeropuertos del Perú, los que están localizados en Arequipa, Tacna, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Andahuaylas, a cargo de Aeropuertos Andinos del Perú (AAP).
En problema hallado por la Contraloría en su informe de Auditoría Posterior emitido el 14 de enero último, detalla que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) amplió los plazos para la ejecución de obras obligatorias vía trato directo, sin sustento legal que argumente que existía alguna “incertidumbre jurídica” en el proyecto, condición necesaria para que se realice dicho trato directo.
El informe revela que dicha condición de incumplimiento de las obras obligatorias es considerada como muy grave, lo que debió llevar a la caducidad de la concesión a cargo de AAP, con ello “salvó” la concesión, dice el informe.
Cabe indicar que AAP tiene como accionista a Andino Investment Holding y la argentina Corporación América, los mismos socios de Kuntur Wasi que ganaron la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco, pero cuyo contrato llegó a su fin por parte del MTC.
El inicio del trato directo entre el MTC y AAP fue firmado el 6 de noviembre de 2013, por el entonces Director General de Concesiones en Transportes del MTC, Celso Gamarra Roig, quien para la Contraloría “lo hizo sin sustento legal, a pesar de existir un pronunciamiento de Ositran que indicaba que no existía la incertidumbre jurídica”.
Con dicho trato se amplió los plazos, hasta el 30 de abril del 2014 para cumplir con las obras obligatorias.
Para la Contraloría el incumplimiento de las obras por parte de la concesionaria debió generar no solo la caducidad del contrato, sino el pago de una penalidad por la suma de S/ 27.6 millones por parte de AAP, por el atraso en el inicio de las obras obligatorias y el atraso en la culminación de las mismas.
Dicho proceso de trato directo no fue cerrado por Celso Gamarra, a quien se ha hallado presunta responsabilidad penal y administrativa, ni por los funcionarios que lo sucedieron, sino hasta que llegó Virgina Nakagawa, -la actual viceministra de Comunicaciones-, en el 2017, cuando era Directora General de la Dirección General de Concesiones en Transportes del MTC.
Para la Contraloría, la funcionaria del MTC suscribió el Acta de Cierre Trato Directo el 30 de noviembre del 2017, a través del cual “reconoció sin sustento técnico legal que el conflicto era uno de carácter no técnico y que la controversia era por la interpretación del contrato de concesión”.
Sin embargo, la Contraloría sostiene que, Virginia Nakagawa no evaluó ni consideró los oficios e informe emitidos por el Ositran con fecha anterior, en la que afirmaba que no existía dicha incertidumbre jurídica.
Por lo que considera que la funcionaria trasgredió en las competencias que tenía, por lo que considera la existencia de una presunta responsabilidad administrativa funcional.
Ante la consulta realizada al MTC, señalaron a Gestión que, “en atención a lo requerido por la Contraloría corresponde a los órganos competentes del MTC determinar si existe o no responsabilidad administrativa en cada caso concreto”.
Adicionalmente, remarcaron que la participación de la actual viceministra de Comunicaciones solo fue para el cierre del Trato Directo que se suscribió el 6 de noviembre del 2013.
Asimismo, la Contraloría ha encontrado presunta responsabilidad administrativa en trece funcionarios, en dos de los cuales se ha detectado presunta responsabilidad penal y administrativa.