El contralor Nelson Shack planteó una serie de mejoras al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca complementar el DU 003. (Foto: Congreso)
El contralor Nelson Shack planteó una serie de mejoras al proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca complementar el DU 003. (Foto: Congreso)

El contralor de la República, , aseguró hoy que el emitido por el Poder Ejecutivo, que fue prorrogado hasta marzo del 2018, ha tenido “muy poca efectividad”.

“Nosotros en la Contraloría, en los próximos días vamos a hacer alcanzar a su comisión los primeros resultados de una evaluación que estamos haciendo de la efectividad del Decreto de Urgencia N° 003”, indicó.

Agrego que, en términos generales, hay algunas cosas que se pueden mejorar en el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo para complementar las medidas del Decreto de Urgencia N° 003.

“En la Contraloría hemos iniciado un proceso de análisis sobre este proyecto de ley, esperamos que en los próximos días podamos alcanzar, por escrito, algunos comentarios y propuestas de mejora”, indicó.

Cabe señalar que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de “Ley que a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación de la economía”.

“Me preocupa la posibilidad real de poder , yo preferiría una medida de referencia mucho más clara y objetiva como, por ejemplo, los ingresos totales o las ventas más que los dividendos”, subrayó.

Ahorros y propuestas

Durante su presentación ante las Comisiones de Economía y de Justicia del Congreso, señaló que las acciones de control concurrente llevadas a cabo en las obras de prevención y proyectos de la reconstrucción con cambios, que se viene aplicando desde setiembre de 2017, han permitido al Estado peruano ahorrar más de S/ 60 millones por pagos de penalidades.

Dicha cifra incluye los ahorros generados sobrecostos detectados a través de las alertas de control, los cuales fueron advertidos y corregidos por los ejecutores públicos.

En ese sentido, propuso que ese nuevo modelo de control concurrente se extienda también a los proyectos y obras públicas cuyos montos de inversión superen los S/ 100 millones, para contribuir a reducir sustancialmente el incumplimiento de obras y servicios.

El mecanismo permitiría tener una garantía del desarrollo de las intervenciones públicas, y del mismo modo, prevenir eventuales inconductas funcionales y de corrupción, tanto en los nuevos como en los actuales proyectos en marcha.

Shack propuso que de los presupuestos de dichos proyectos de inversión, se destine un aporte del 2.5% para el control concurrente.

“Con ese aporte se implementarán equipos especiales de profesionales que realizarán el acompañamiento de control en cada una de las etapas de los proyectos y de las obras, por medio de hitos de control ya identificados y puestos en práctica por la ”, añadió.

Agregó que la propuesta de la Contraloría ayudaría a destrabar las obras y proyectos actuales que se encuentran suspendidos o paralizados debido al temor en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos honestos.

Tras indicar que el Decreto de Urgencia N° 003 no tuvo los resultados esperados, manifestó que es necesario tener en cuenta la reparación civil para garantizar los intereses del Estado; y, sobre el particular, dijo que hay que distinguir claramente que las empresas, las instituciones y organizaciones no son corruptas, sino aquellas personas que toman decisiones en esa línea.

Planteó también que la nueva ley de reparación civil al Estado en casos de corrupción, que reemplazará al referido DU N° 003 debe considerar el control concurrente a todas las modalidades de contrataciones y no solo las concesiones.

En ese sentido indicó que es necesario que se restablezcan la cadena de pagos y el aseguramiento de la reparación civil “los proveedores, trabajadores y profesionales, no necesariamente conocen los malos manejos que hacen sus directivos, y en ese sentido no pueden verse perjudicados”.

En otro momento, expresó la necesidad de modificar el marco regulatorio para ampliar la responsabilidad de los supervisores de obras, porque éstos deben ser solidariamente responsables en la correcta ejecución de los proyectos.