Contraloría: Más de dos mil funcionarios sancionados están impedidos de trabajar en el Estado

La Contraloría General de la República reveló que al 30 de abril, existen 2,398 sanciones vigentes que comprenden a 2,137 funcionarios y servidores públicos que están suspendidos o inhabilitados para trabajar en el Estado. Algunos de estos funcionarios cuentan con dos a más sanciones vigentes.

Explicó que esos 2,137 funcionarios y servidores públicos antes mencionados fueron sancionados administrativamente por inconducta funcional y es por ello que están en condición de suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública.

Las sanciones vigentes -indicó el citado organismo- han sido comunicadas a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.

Los departamentos que concentran el mayor número de sancionados por la Contraloría son Lima (436), Cusco (201), Cajamarca (146), Lambayeque (120) y Puno (108). Mientras que los departamentos con menor número de sancionados son Ica (11), Callao (17), Madre de Dios (19), Moquegua (26) y Loreto (37).

El 97% de los sancionados administrativamente a nivel nacional fueron inhabilitados para ejercer la función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado. Mientras que el 3% fueron suspendidos temporalmente (de 30 a 360 días).

Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran, el actuar parcializadamente, en contra de los intereses del Estado, en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

Otras infracciones han sido el incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.

También fueron sancionados por incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participan con ocasión de su función o cargo.