Según la Contraloría, la Refinería de Talara debería entrar en operación hacia fines del tercer trimestre del 2022, es decir, setiembre. (Foto: GEC)
Según la Contraloría, la Refinería de Talara debería entrar en operación hacia fines del tercer trimestre del 2022, es decir, setiembre. (Foto: GEC)

La Contraloría General de la República (CGR) informó que tiene previsto realizar dos auditorías a Petroperú por el para el 2022 y 2023, adicionales a la auditoria de cumplimiento en la contratación de unidades auxiliares y complementarias, en que el se detectó un perjuicio de US$ 1,1000 millones contra la Nación.

“Hasta ahora no hemos analizado si hay corrupción o si la refinería es una obra sobrevalorada porque para hacer un control posterior necesitamos que primero se termine el proyecto y entre en operación. Según los estimados, hacia fines del tercer trimestre del 2022 la Refinería de Talara debería estar operando, claro, sujeto a actualizaciones porque es evidente que hay retrasos”, declaró el contralor en una sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Al respecto, detalló que para el 2022 se tiene previsto realizar una segunda auditoría de cumplimiento a la ejecución de las obras físicas para determinar si el control de proyectos y supervisión cumplen adecuadamente los estándares contractuales de calidad y comerciales exigidos de las obras realizadas.

Y para el 2023, se realizará una última auditoría de desempeño, para el cual la Contraloría buscará especialistas en el negocio. Al respecto, Shack señaló que han iniciado una seria de conversaciones con las contralorías de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos (EAU) que tienen experiencia en auditorías a las refinerías. “Esa auditoría definirá el margen de pérdidas en la ejecución contractual de la Refinería de Talara, si está sobrevalorada o no, y si funciona bien”, detalló.

Cabe recordar que cuando se planteó la Modernización de la , de propiedad de la estatal Petroperú, se estimó un monto de inversión inicial de US$ 1,300 millones, para el 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala, la cifra se actualizó a US$ 3,500 millones. Al 2021, el costo asciende a US$ 5,700 millones “y todavía no ha concluido”.

“De una idea original de US$ 1,300 millones ya se va gastando US$ 5,700 millones. Seguramente deben haber S/ 700 millones vinculados al costo financiero y otros US$ 100 millones vinculados al COVID-19 y su efecto económico, como la reducción de los rendimientos en cada una de las obras y los costos de equipo especial y estrategia sanitaria”, dijo el contralor.