Conozca los riesgos de la nueva ley que declara de interés nacional construir carreteras en Ucayali

“La Amazonía es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales”, había señalado el papa Francisco durante su visita a Madre de Dios, departamento ubicado en la selva peruana donde existen varios problemas entre las comunidades indígenas y el Estado, las actividades de extracción y la trata de personas.

Un día después de dejar el país, el Ejecutivo promulgó la ley 30723 que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en Ucayali.

¿Qué riesgos implica la nueva ley?

Para Pedro Solano, director de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, es una “inconsistencia grave” el que el Ejecutivo no haya observado la ley considerando que entidades afines la rechazaron como el ministerio de Cultura y el ministerio del Ambiente (a través de Sernanp).

“Incluso el propio ministerio de Justicia dijo que el proceso no estaba bien hecho ya que está en un ámbito que está en poblaciones indígenas y áreas naturales protegidas”, refirió.

“Lo otro es la oportunidad: El plazo había vencido el 15 de enero. El Congreso espera a que se vaya el papa, tras de su discurso en Madre de Dios y luego promulga una ley que claramente va en contra de las poblaciones indígenas” –añadió- “es una hipocresía”.

Actualmente, la selva peruana –sobre todo en Madre de Dios y Ucayali- tiene problemas graves en cuanto a la minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, deforestación y conflictos de tipo socio ambiental con las comunidades indígenas, entre otros. Dichos conflictos datan desde hace muchos años.

“Es una ley que no ha tenido estudios técnicos ni económicos. Alegremente declara de interés nacional establecer carreteras en una zona que lo que ha atraído es la ilegalidad. Parece que es una ley para promover la ilegalidad y la corrupción”, señala Solano.

“Todas las trochas que están en zona de frontera lo que más moviliza es coca, madera ilegal, minería ilegal. Una zona que no tiene presencia del Estado, colocarle una carretera de este tipo es un suicidio. Lo que se va a promover es corrupción”, comenta.

Para Julia Urrunaga, directora de Environmental Investigation Agency, “el 95% de la destrucción de bosques se produce en un rango de 6 kilómetros a los lados de los caminos en la amazonía”.

“Va a tener un fuerte impacto sobre las comunidades indígenas y los pueblos que hace más de una década se pronuncian en contra de las carreteras. Más que llevar desarrollo es destrucción del bosque, violación de derecho de comunidades, expropiación de tierras y acaparamiento de territorio”, explica.

El proyecto de ley fue presentado el año pasado por el congresista fujimorista Glider Ushñahua en abril del año pasado.

En su momento, el ministerio de Cultura de Salvador del Solar refirió una carta al presidente del Congreso, Luis Galarreta, en la que señalaba su disconformidad al asegurar que, tal como estaba, el proyecto “no resulta viable”.

Otras entidades, como el Sernanp y organizaciones de comunidades indígenas también mostraron su rechazo.