Con la aprobación de su plan de trabajo, el equipo parlamentario encargado de analizar el contrato de concesión Perú Rail y los servicios turísticos de la ruta Cusco – Machu Picchu, iniciará su labor de análisis respecto a esta concesión, que se proyecta concluir en junio con la presentación del informe final.
"El grupo de trabajo realizará el análisis del contrato y adendas de la ruta operada por la empresa Perú Rail y examinará los contratos de concesión de los servicios turísticos que se prestan en la ruta Cusco -Machu Picchu e identificará al concesionario y a los operadores actuales de dicho tramo 2", explicó la congresista Rebeca Cruz Téves.
Del mismo modo se identificará a los concesionarios con los cuales se celebró contratos de concesión de los servicios turísticos (hotel, servicios higiénicos, transporte y demás) que se ofrecen en la ruta Cusco - Machu Picchu y los operadores de dichos servicios.
Por su parte, el parlamentario Armando Villanueva Mercado solicitó revisar el contrato de concesión del Hotel Cusco y la situación en la que se encuentra actualmente.
“Este hotel está en una situación muy difícil. Resulta que perteneciendo a la Beneficencia Pública de Cusco tenemos como más de 18 años pendiendo de su refacción, puesta en valor, en condiciones de prestar servicio. Una concesión decidida y realizada entre gallos y media noche debe ser revisada”, subrayó el legislador.
Con la información obtenida el grupo de trabajo hará los análisis pertinentes y evaluará el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario y sus operadores de dichos servicios.
También determinará la necesidad de proponer modificaciones contractuales o proyectos de ley con el propósito de mejorar el transporte y los servicios turísticos de la ruta Cusco-Machu Picchu.
"El grupo de trabajo tendrá la posibilidad de determinar la existencia, si la hubiera, de presuntas irregularidades e infracciones administrativas, civiles y penales de los servidores públicos de las diversas entidades públicas relacionadas, así como de los concesionarios y sus operadores que resulten civilmente responsables", agregó la legisladora.
También recopilará información de entidades públicas como la Contraloría, Proinversión, Ositran, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Trasandino, Perú Rail, operadores logísticos públicos y privados, entre otros.