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El proyecto de ley que declara la intangibilidad de los territorios de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) aún deberá esperar para ser debatido en el Pleno del Congreso.
Anoche se publicó la agenda del próximo Pleno que se realizará este viernes y el mencionado proyecto no fue incluido, pese a que algunos miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas, donde se aprobó el proyecto a fines de mayo, habían estimado que ello iba a ocurrir.
La controversia sobre el impacto del proyecto se da pues uno de los artículos señala que en estas zonas ya no será posible otorgar derechos, títulos habilitantes, autorizaciones o licencias, ni se suscribirán contratos de aprovechamiento de recursos naturales.
La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) advierte que las áreas de reservas se superponen con cinco lotes, cuatro en fase de explotación y uno en exploración, entre ellos el lote de Camisea (ver cuadro), con el riesgo de que se vean obligados a paralizar sus operaciones.
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Al respecto, la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) descarta este impacto pues señala que ninguna norma es retroactiva. “Las modificaciones previstas son vinculantes desde la entrada en vigor de la ley y no tiene fuerza ni efectos retroactivos a relaciones y situaciones jurídicas existentes”, señala.
No obstante, para Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, el riesgo se mantiene debido a la inseguridad jurídica en el país.
“Ya ha ocurrido en otros lotes que activistas inician acciones judiciales y se paralizan las operaciones, afectando los derechos existentes”, subrayó.
Por ello Cantuarias pide que el proyecto también sea debatido en la comisión de Justicia del Congreso.
“Nunca nos invitaron a exponer nuestra posición en la comisión de Pueblos indígenas. El riesgo de que se paralice Camisea amerita un debate más amplio de este proyecto, ¿por qué la premura?”, criticó.
Por otro lado, también refirió que, de aprobarse la ley, existe el riesgo de que las empresas concesionarias de los lotes demanden al Estado, en caso se afecten sus actividades.
“Son empresas extranjeras que pueden acudir al tribunal del Ciadi, tal como en el caso de los peajes”, anotó Cantuarias.