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Como lo había anunciado Gestión en su edición del lunes, el Congreso de la República puso en agenda los dictámenes que buscan derogar los decretos de urgencia que incrementaron el presupuesto público en el 2021.
Se trata de los decretos de urgencia N° 086 y N° 100, publicados el año pasado, que otorgaban mayores recursos para la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, así como el impulso a la inversión pública.
Este tema forma parte de la agenda priorizada del Congreso, cuyo pleno sesiona hoy y mañana, que fue aprobada por la Junta de Portavoces la tarde del lunes último.
Otros temas
En la agenda del pleno también se tiene programado poner a debate la norma que establece requisitos mínimos para la designación de funcionarios en cargos de confianza en el Estado.
En la iniciativa se restringe la contratación de personas que no estén habilitadas a ejercer la función pública por resolución administrativa o judicial definitiva, o haber sido condenadas por delito doloso en primera instancia.
También se puso en agenda la denominada “ley que restituye la autonomía de las universidades”, pero que en realidad lo que busca es cambiar la conformación del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), para que tenga una estructura similar a la que tenía la fenecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
A ello se suma la iniciativa legislativa por la que se promueve el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para la prestación de los servicios educativos por parte de las universidades privadas asociativas con licencia denegada, y la que facultaría al Banco de la Nación para brindar servicios de banca múltiple.
Sernanp podría aplicar sanciones coactivas
Aprobación. La Comisión de Descentralización aprobó modificar la ley de organización y funciones del Ministerio del Ambiente (Minam) para que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) pueda aplicar sanciones coactivas.
El representante de Sernanp, Rodolfo Valcárcel, dijo que -a la fecha- la entidad sí tiene atribuciones de fiscalización y control para el resguardo de los recursos naturales, pero que le faltaba agregar la facultad para ejercer sanciones coactivas en el país.