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Miguel Alonso Juape Pintomjuape@diariogestion.com.pe

Existen tres proyectos de ley con dictamen favorable de la Comisión de Trabajo del Congreso, que serán debatidos en el pleno del Legislativo: la reforma del régimen agrario, la creación de una nueva comisión para los ceses irregulares en empresas del Estado y el establecimiento de plazos para la implementación de la regulación del empleo público.

"Se encuentra en agenda la modificación del régimen laboral agrario, y hemos pedido que se debata esta semana", adelantó Julio Gagó, presidente de la Comisión de Trabajo.

Respecto a este proyecto, refirió que se mantendrá la temporalidad para la contratación pues está justificada en la estacionalidad de la labor (siembra, cosecha, etc.). Sin embargo, se aumentarán los beneficios a los trabajadores agrarios: la remuneración mínima, vacaciones de 30 días, la parte proporcional de gratificaciones y CTS, y el monto del despido arbitrario, indicó.

Asimismo, informó que los trabajadores administrativos (ajenos a la producción de las empresas)quedan exluidos del régimen especial a nivel nacional y se regularían por el régimen general.

Empleo estatalDe otro lado, Gagó indicó que otro proyecto que está en agenda es la revisión de los ceses colectivos irregulares durante el gobierno de Alberto Fujimori.

"Se busca la revisión del grupo de trabajadores registrados en la cuarta lista de cesados que no obtuvieron beneficios pese a tener iguales condiciones de los que sí los recibieron", añadió Gagó.

Y el tercer proyecto de ley en agenda del Congreso es el que otorga facultades al Ejecutivo para que remita los proyectos de desarrollo de la Ley del Empleo Público.

Lo que vieneEl presidente de la Comisión de Trabajo adelantó que al interior del grupo parlamentario se viene trabajando el predictamen de la modificación a la Ley de Eliminación Progresiva del CAS, para otorgar un puntaje de bonificación a los trabajadores con menos de tres años de servicios o el ingreso directo si superan ese tiempo.

El congresista denunció que existe un despido masivo de trabajadores CAS en las entidades del Estado, por lo que el nuevo régimen del empleo público solo beneficiaría a las nuevas contrataciones y no al personal técnico o calificado que cuenta con varios años de servicios.