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El Congreso creó mediante ley un nuevo impuesto aplicable a viviendas que incrementen su valor en el mercado, el cual desincentivaría la realización de proyectos inmobiliarios.
La llamada “Participación en el incremento del valor del suelo” es un impuesto que grava la plusvalía de un terreno por factores como el incremento del área techada, la introducción de más pisos en un inmueble, o el cambio de zonificación del área donde se encuentre el predio, entre otros.
Por ejemplo, si un terreno vale S/500,000 y en la cuadra en el que se encuentra se construyen varios edificios corporativos o centros de comercio, el valor del terreno puede subir a S/750,000. El nuevo tributo grava el S/250,000 de diferencia entre dichos montos.
La tasa del impuesto deberá ser fijada por cada municipalidad provincial, con un mínimo de 30% y un máximo de 50%. Es decir, en el ejemplo, la persona se podría ver obligada a pagar hasta S/125,000 por concepto de este impuesto, en el peor de los casos, o S/75,000 en el mejor.
El impuesto se paga al momento en el que se solicita la recepción de obras, se solicita la conformidad de obra o cuando se transfiere el inmueble que sufrió un cambio de valor.
Crítica
María Murillo, socia del estudio Murillo, señala que el impuesto es confiscatorio y generará una retracción de la industria de la construcción, ya que incrementaría los costos derivados de pagos tributarios a un nivel que ya no será rentable invertir en el sector. La abogada agrega que los costos de realizar una construcción ascenderían a alrededor de 80% de lo generado por una constructora.
“Es un impuesto que afectará a todos, porque no solo hace que pague el que introdujo una mejora en su inmueble, sino a todos los vecinos cuya zona se vio afectada por la mejora introducida por la persona del costado”, indica.
Murillo además señala que fijar que el impuesto tenga una tasa de entre 30% y 50% es arbitrario y no debería permitirse, por lo que espera que la ley sea observada por el Ejecutivo y no se promulgue.
Doble Impuesto
Por otro lado, la ley señala que los terrenos que se encuentren en suelo urbano y no estén habilitados ni edificados deberán pagar el doble del impuesto predial que pagan hoy en día. Esto, en un intento de fomentar el uso de terrenos, en teoría.
Murillo señala al respecto que se le está cargando con el doble del impuesto a personas que tal vez no se encuentran en capacidades de habilitar su predio o que se encuentran en un proceso de construcción de su vivienda, algo que considera abusivo y que afectará de manera negativa a las personas que, hoy, intentan sobrevivir la crisis económica.
Aportes. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible además señala que los aportes reglamentarios hechos al habilitar un predio deberán hacerse en base al valor de mercado del inmueble y no a su valor arancelario, como indicó anteriormente el Indecopi, encareciendo las habilitaciones urbanas.