(Fuente: Difusión)
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Verónica Zambrano Copello, presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), reveló que muchas empresas y consorcios empresariales han manifestado si intención de que se incluya cláusulas anticorrupción a los contratos de concesión de infraestructura.

En declaraciones a Radio Nacional, Zambrano explicó que las cláusulas anticorrupción deben establecer que, si los concesionarios participan de actos de corrupción, el Estado podrá determinar la nulidad de los contratos.

Agregó que ese tipo de cláusula no se estableció antes porque es un tema relativamente nuevo en el desarrollo de los contratos de concesión en el mundo, pero que ha llamado la atención pública dado los recientes casos de corrupción.

En el caso de Perú, anotó que para incluir ese tipo de cláusulas, se debería firmar adendas a los contratos originales, lo que consideró viable de realizar tras una negociación transparente.

“Hemos recibido una buena respuesta por parte de varios concesionarios que quisieran firmar esa cláusula”, afirmó la funcionaria, quien hizo la salvedad que las cláusulas anticorrupción podrían diferir en cada concesión conforme a las características de cada contrato.

Afirmó, que los concesionarios plantearían que la cláusula solo se aplique para actos posteriores a su firma y que, en los casos de transferencia de concesiones, el nuevo dueño no tenga responsabilidad por los actos del anterior concesionario.

Como parte de la lucha anticorrupción, Zambrano resaltó que Ositrán consiguió en mayo el ISO Antisoborno que implica que la entidad ha tomado medidas para prevenir que se cometa ese delito durante el cumplimiento de sus principales actividades de supervisión.

Autonomía

Consultada sobre los ingresos con que cuenta Ositrán para financiar sus actividades, Zambrano señaló que cada concesión está obligada a realizar un aporte para supervisión, lo que asciende al 1% de sus ingresos.

Sin embargo, aclaró que el total recaudado no es de libre disponibilidad para el regulador, sino que es recaudado por el Tesoro Público, y luego el Ministerio de Economía y Finanzas asigna un presupuesto a Ositran.

En ese sentido, consideró que las funciones de Ositran se ven limitadas debido a que muchos proyectos nuevos que se deberían ejecutar terminan sin realizarse por falta de financiamiento. “Todos los reguladores ya hemos mostrado nuestra preocupación, pues lo que se afecta es la real autonomía del regulador”, advirtió.