(Foto: Antonio Álvarez/GEC)
(Foto: Antonio Álvarez/GEC)

La comunidad de pide una compensación de S/ 40 millones a la minera MMG Limited, dueña de la mina Las Bambas, por la construcción presuntamente inconsulta de una carretera en medio de sus tierras, explicó el presidente de esta comunidad, Gregorio Rojas.

En entrevista a RPP Noticias, el líder comunal afirmó que este monto es "negociable" por lo que estaría dispuesto a conversar con la empresa minera para llegar a un acuerdo. "Quiero que la empresa (MMG Limited) asuma los daños y perjuicios realizados a la propiedad por derecho de servidumbre. La empresa tiene que pagar porque es la que abrió la carretera", precisó.

"La comunidad, que es dueña de la propiedad, pide (el pago) de S/ 40 millones por 40 hectáreas. Estamos pidiendo por hectárea S/ 1 millón", apuntó. El dirigente anotó que este monto es negociable.

También recordó que la empresa le pagó por su propiedad, que incluyó sus corrales, S/ 1 millón la misma que tuvo que compartir con sus hermanos. "El Estado peruano no es capaz de solucionar este conflicto, por lo que estamos buscando el apoyo de otros interlocutores", añadió.

En ese sentido, Rojas dijo que están contando con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia como mediadores para el diálogo. Al ser consultado, si recibirán a los ministros, dijo que serían recibidos, pese a que el último jueves el helicóptero que los transportaban fue atacado con piedras. "¿Por qué no los vamos a recibir? Es normal que mis hermanos estén molestos", señaló.

Rojas mostró su apoyo a los hermanos Chávez Sotelo, acusados de extorsión, calificando como "falso" el presunto chantaje. "No nos han manipulado, los acuerdos se tomaron en una asamblea. Desconozco los audios", afirmó. Al respecto, el abogado de Rojas, precisó que -como parte del caso- no le han mostrado los presuntos audios, que evidenciaría chantaje.

El presidente de la comunidad de mostró su confiamza, finalmente, de que esta semana se solucione el conflicto social, por lo que tendrá diálogo con representantes del Estado y de la empresa minera, tras más de 50 días de conflicto.




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