Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso señaló que ha recibido innumerables quejas de usuarios por la suspensión y reconexión de los servicios en telecomunicaciones. (Foto: GEC)
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso señaló que ha recibido innumerables quejas de usuarios por la suspensión y reconexión de los servicios en telecomunicaciones. (Foto: GEC)

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores del Congreso aprobó este martes por unanimidad el predictamen del proyecto de Ley N° 893-2021/CR, que propone regular y fijar cargos de reconexión tope de los servicios de telefonía móvil, fija, cable e internet.

Según el presidente de la comisión, José Luna Gálvez, se ha recibido innumerables quejas de usuarios por la suspensión y reconexión de los servicios en telecomunicaciones.

La tarifa de reconexión no está regulada en forma homogénea para todas las empresas operadoras y cobran lo que quieren sin la evaluación ni probación de organismos reguladores, como sí ocurre con otros servicios”, sostuvo.

Luna también precisó que actualmente el cobro por reconexión de los servicios de telecomunicaciones oscila entre S/ 10 a S/ 20, pero puede llegar hasta S/ 30 en caso de servicios y paquetes.

-Se oponen al predictamen-

Horas antes de la aprobación del predictamen en la Comisión de Defensa del Congreso, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) mencionó que la propuesta legislativa pretende imponer un esquema regulatorio de tarifas tope para la reconexión de servicios que, por el contrario, son altamente competitivos y cuyos precios principales no están regulados por encontrarse en plena competencia, como lo ha reconocido Osiptel.

Si el servicio principal no está regulado o fijado, no tiene justificación aplicarlo a la reconexión. La regulación de tarifas en una economía social de mercado requiere de un análisis exhaustivo que sustente que dicha intervención resulta legal. Nada de esto ha sucedido y en un acto que viola la autonomía del organismo regulador, este proyecto lo obliga a dictar una regulación tarifaria”, indicó AFIN en un comunicado.

Agregó que llama la atención la falta de defensa de la autonomía institucional del organismo técnico, según lo que se menciona en el citado predictamen, al emitir una opinión de conformidad con la intención que una instancia política fije una regulación tarifaria.

Incluso, señaló que la propuesta, además, colisiona con las tareas pendientes para acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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